El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), no se presentará ante la citación de la Fiscalía en el caso en el que se le investiga por “trata de personas” y “estupro”, según informaron este jueves organizaciones sociales afines al exmandatario. Le puede interesar: Evo Morales es citado para declarar en un caso de presunta “trata de personas”
“Él no asistirá porque esto es un chantaje”, declaró Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad, grupo que respalda a Morales, quien fue convocado para declarar en Tarija, al sur del país.
Llanque aseguró que el presidente Luis Arce ha desplegado más de 600 policías con el objetivo de detener a Morales. “Desde ayer (el presidente) movilizó efectivos policiales de cada departamento”, afirmó el líder campesino.
La denuncia que maneja la Fiscalía alega que Morales habría cometido los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. La joven presuntamente pertenecía al grupo juvenil ‘Generación Evo’, creado durante su mandato.
El Pacto de Unidad considera que el caso es “inventado” y ha declarado un “estado de emergencia permanente” en respuesta a las acusaciones. “Si se emite una orden de aprehensión, hemos instruido un bloqueo nacional de caminos hasta que Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca) se vayan”, añadió Llanque.
Morales, por su parte, calificó la investigación como una “batalla jurídica” con motivaciones políticas y aseguró que más de 200 abogados se ofrecieron a defenderlo “gratuitamente”. El expresidente ha estado participando en actividades en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político.
La denuncia fue presentada el 26 de septiembre, tres días después de que Morales y sus seguidores, tras una marcha de 187 kilómetros, lanzaran un ultimátum al gobierno de Luis Arce, con quien mantiene una disputa por el control del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales sostiene que las acusaciones son parte de una “persecución política” para evitar su candidatura en las elecciones generales de 2025. El Grupo de Puebla, un foro político de representantes de la izquierda latinoamericana, expresó su preocupación por lo que considera una campaña de “lawfare” o judicialización política contra el líder del MAS. Le puede interesar: Exfiscal destituida en Bolivia tras polémica orden de arresto