El manual de funciones y requisitos de esta entidad, nos entrega admirables propósitos al señalar que es “misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plena”.
Ese es el Estado normativo, el formal, aquel que en la teoría constitucional tiene como fines esenciales servir a la comunidad , garantizar efectividad de los derechos humanos, ese mismo Estado, distante de sus deberes, y que según analistas, está en los predios de los Estados fallidos, desarrolla a través de la organización electoral sus funciones en relación con el Estado Civil de las personas y el desarrollo de la democracia electoral.
En ese contexto, la registraduría especial de Cartagena trata de ser especial, es decir atender las demandas ciudadanas, en forma presencial personalizada y bajo el agendamiento web, en forma eficaz, su personal realiza el registro y cedulación de las personas, incluido el de los connacionales retornados.
La organización de las elecciones es también una de sus importantes funciones, y es allí en donde la registraduría nacional del Estado Civil, ha sido blanco de las más severas críticas, las elecciones no son, ni han sido del todo transparentes, por cuanto, no es un secreto que la organización electoral, empezando por el consejo nacional electoral, son fortines políticos de dudosa reputación.
La arquitectura electoral colombiana enfrenta graves problemas, además de la corrupción que la penetra, mantiene un sistema jurídico vetusto, anticuado, que facilita la intermediación manual, modelo fuente de las alteraciones electorales, entre otras razones, por cuanto su estructura jurídica no ha sido reformada y el voto electrónico no ha sido implementado.
Ahora bien, con todas esas dificultades, la registraduría nacional del Estado civil, sus registradores especiales, sus equipos de trabajo, hacen reingeniería a sus procesos. En efecto, el aumento de 70 a 115 puestos de votación, la inscripción automatizada y georeferenciada ubicada en varios centros comerciales de la ciudad, es un ejemplo que las cosas pueden mejorar.
La registraduría especial del Distrito de Cartagena, entendió que lo más importante es servir a la comunidad, por ello, se ha convertido en una institución de puertas abiertas, de trato respetuoso con la población. Esperamos que siga así.
La moralidad electoral es asunto complejo, la transparencia de los procesos electorales, no se logrará en forma automática, tiene trabas institucionales, frenos impuestos por el mismo Congreso, que no le ha dado paso a la reforma político electoral, sin embargo y pese a ello, creeríamos que con voluntad y compromiso de las personas que están al frente de ellas, algunas cosas podrían mejorar.
En ese orden y mientras los cambios estructurales sobrevienen, sugeriría concertar con la registraduría nacional, sus delegados y registradores especiales, una agenda que permita la participación y el control ciudadano en todas las etapas del proceso electoral para el Distrito y del Departamento de Bolívar.