El título del presente artículo no se debe a una simple opinión, por el contrario, se soporta en datos importantes. Hace poco, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio -Catalina Velasco-, a quien tuve la fortuna de tener como docente en mi posgrado de derecho urbanístico en la Universidad Javeriana, manifestaba en el Congreso Nacional de la Infraestructura que “solo el 20% de los planes de ordenamiento territorial de Colombia están vigentes”, lo que se traduce de manera aproximada en que, solo 221 municipios de los 1104 existentes, tiene vigente su principal instrumento de planificación urbanística.
Esta falta de planificación se evidencia cuando visitamos a nuestras ciudades o municipios; muchas veces escucho expresiones como “qué potencial tan grande tiene esta tierra y no lo aprovechan” o “qué enredada es esta ciudad”. Y es que las consecuencias de no contar con instrumentos de planificación o de no tenerlos vigentes son graves, entre otras cosas, porque las entidades territoriales no cuentan con una clasificación clara de sus suelos y de los usos permitidos, carecen de instrumentos para proteger su patrimonio ecológico y cultural, se les dificulta ejecutar de manera correcta proyectos de infraestructura o proyectos urbanísticos y poseen un alto riesgo de ser sancionadas y demandadas. Además, se privan de obtener acceso a recursos adicionales por la falta de instrumentos de gestión y financiación urbana y, en general, carecen de políticas, metas, programas y normas para orientar y administrar el desarrollo físico de sus territorios.
Sabemos que la revisión o actualización de los planes de ordenamiento territorial (POT) es compleja, no solo a nivel técnico y jurídico, sino también a nivel político, puesto que el procedimiento para ello no solo depende de múltiples autoridades administrativas sino también de la comunidad y de los concejos municipales. Debido a ello, se evidencia que muchas veces el principal inconveniente es lograr acuerdos entre las múltiples opiniones, intereses e ideologías acerca de cómo debe organizarse un municipio, por lo que es necesario apartarse de intereses particulares con el fin de lograr consensos en beneficio de la población y del territorio.
En este año electoral, en el cual los ciudadanos elegirán a las autoridades regionales, se hace necesario que los candidatos tengan clara la importancia de planear los territorios para lograr una buena gestión, y que los mandatarios salientes aprovechen al máximo el tiempo restante para sacar adelante sus instrumentos de ordenamiento territorial.