La gobernabilidad contemporánea está atravesada por una tensión entre la racionalidad técnico-científica y la voluntad política. La primera privilegia los datos y la eficiencia en la gestión pública; la segunda enfatiza la ideología y la lealtad a un proyecto colectivo. Ambas son necesarias. Pero, llevadas al extremo, pueden derivar en graves injusticias sociales o comprometer la estabilidad institucional.
La tecnocracia, entendida como el gobierno de los expertos, suele asociarse a las concepciones que defienden la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la disciplina fiscal. Su aporte es innegable: introduce rigor y previsibilidad en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando se absolutiza, corre el riesgo de reducir los dilemas públicos a problemas de optimización y generar un déficit de legitimidad. No hay algoritmo que sustituya la deliberación sobre fines; los datos informan, pero no deciden por sí solos.
En el otro extremo se encuentra el voluntarismo político, que desconfía de la evidencia empírica y subordina la técnica a la voluntad de las mayorías, usualmente representadas por un partido o un líder populista. El resultado suele ser la improvisación, el deterioro de la capacidad estatal y, en no pocos casos, la captura clientelar de la administración: se premia la lealtad por encima de la idoneidad.
La experiencia comparada sugiere que las democracias estables no eligen entre ciencia e ideología, sino que las articulan. La política define el qué —valores, prioridades y objetivos—; la técnica determina el cómo —instrumentos, secuencias y evaluación de resultados—. Cuando se invierten estos planos, se cae en dos patologías conocidas: la dictadura de los expertos o el desorden administrativo del voluntarismo.
Desde finales del siglo pasado, Colombia consolidó una tecnocracia que blindó a sectores estratégicos del Estado de la política partidista y privilegió perfiles altamente calificados, lo que aportó estabilidad. La crítica —no menor— fue su limitada capacidad para corregir desigualdades estructurales. El estallido social de 2021 evidenció esos límites.
La reacción en 2022 fue un giro hacia una gobernanza más militante que, muchas veces, ha privilegiado la afinidad ideológica sobre los méritos: nombramientos en entidades estratégicas de personas sin trayectoria suficiente, flexibilización de requisitos para ocupar cargos públicos y desconocimiento de perfiles técnicos, incluso afines al gobierno actual. Todo ello ha reabierto el debate sobre meritocracia, capacidades y resultados. Problemas como el deterioro de la seguridad y el orden público, la crisis del sistema de salud o el déficit fiscal no pueden entenderse al margen de esa tensión entre técnica e ideología.
El próximo gobierno no tiene que escoger entre tecnocracia y voluntad política. Necesita integrarlas. Entender que, sin política, la técnica carece de propósito; y sin técnica, la política carece de eficacia. Persistir en este falso dilema no solo empobrece el debate público: erosiona la capacidad del Estado para gobernar. Y cuando el Estado no gobierna bien, la factura no la pagan los expertos ni los militantes, sino los ciudadanos.
*Profesor universitario.