Cartagena es la sexta ciudad principal con más ingresos fiscales corrientes por habitante, pero presenta una baja capacidad de ejecución del gasto público. Por ejemplo, en 2022 se dejaron de ejecutar recursos por cerca de 400 mil millones. Además, la ciudad podría endeudarse cerca de 900 mil millones respetando los límites de la ley 358 de 1997. No se justifica que, en una entidad donde 4 de cada 10 personas no consumen 3 comidas al día por falta de alimentos, la dirigencia local se dé el lujo de tener la plata guardada en los bancos y de no usar el cupo de crédito disponible para desarrollar las obras que le permitan atender las muchas necesidades de sus habitantes. Difícil olvidarse de las palabras del escritor cartagenero Efraím Medina Reyes, quien denomina a Cartagena la “ciudad inmóvil”.
El diagnóstico es bastante preocupante. La ciudad tiene aún 25 mil hogares sin acceso a saneamiento básico, principalmente en la zona rural. En 2022 había un déficit de 25 colegios, y entre 2018 y 2022 se construyó solo 1 colegio principal nuevo y 3 sedes. A esto se suma que Cartagena registró la informalidad laboral más alta entre las cinco principales ciudades según cifras del DANE. En salud también hay rezagos. Según un informe de Cartagena Cómo Vamos, la ciudad registra pocos o nulos avances en la lucha contra la mortalidad infantil, la mortalidad materna y el control del bajo peso al nacer. En cuanto a infraestructura urbana, los datos dan ganas de ponerse a llorar. Según datos de Cartagena Cómo Vamos, la ciudad lleva diez años sin construir una nueva vía.
En el 2017, Adolfo Meisel y yo escribimos un par de artículos en los que presentamos un conjunto de propuestas que, a nuestro juicio, deberían ser atendidos con prioridad por nuestros líderes locales. Esas propuestas eran: (i) la identificación y reubicación de la población que habita en zona de riesgo no mitigable y la protección de estas zonas para evitar reasentamientos informales, (ii) universalizar el acceso a servicios públicos domiciliarios como el agua potable y el saneamiento básico, (iii) ampliar el número de colegios oficiales con jornada única, (iv) ampliación de las sedes del SENA para capacitar población vulnerable y reducir la informalidad laboral, (v) ampliar la red de atención primaria en salud, y (vi) la construcción de vías, parques y paseos peatonales.
Parecemos vivir en una ciudad que no avanza a pesar de contar con recursos para inversión pública. La baja capacidad técnica del sector público para diseñar y ejecutar proyectos se manifiesta en todos los sectores. Sorpresivamente, el recaudo fiscal de Cartagena no cae. La actualización catastral y la reactivación económica han dado mejores resultados de los esperados, pero se requiere desarrollar capacidad técnica institucional para el diseño y la ejecución de los proyectos que la ciudad necesita, con una visión de largo plazo.