Cada vez que estalla un escándalo de corrupción administrativa, política o de cualquier otra calaña, pienso en las condiciones más que álgidas de nuestras fundaciones, que efectivamente trabajan para los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, y adultos mayores y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y la falta de donaciones para ayudar a comprar arroz y otros productos no perecederos, y pagar el transporte para los maravillosos voluntarios que hacen realidad este sueño.
La Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, es un avance hacia una justicia más humana, restaurativa y con enfoque de género. Dirigida a mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores, permite reemplazar penas de prisión por servicios comunitarios, apostando por la reconstrucción de vidas, hogares y comunidades, en lugar de perpetuar el castigo.
En Colombia miles de mujeres son encarceladas por delitos menores vinculados a condiciones de pobreza y exclusión. Muchas de ellas son madres solteras, cuidadoras únicas de sus hijos, y su ingreso al sistema penitenciario no solo representa la pérdida de libertad, sino la ruptura del núcleo familiar y un estigma social que perdura.
La Ley 2292 ofrece una alternativa transformadora: permitir que estas mujeres realicen actividades como el cuidado comunitario, la recuperación de espacios públicos o el acompañamiento a poblaciones vulnerables. De esta forma, se dignifica la pena y se fomenta una verdadera resocialización.
Sin embargo, su implementación ha sido limitada. A junio de 2025, solo 153 mujeres han accedido al beneficio, pese a que más de 5.000 podrían cumplir los requisitos. Este desfase evidencia una brecha entre la ley escrita y su aplicación real.
Una de las organizaciones que ha trabajado activamente en este proceso es la Fundación Retorno a la Libertad, que acompaña actualmente a cinco mujeres beneficiarias. Su experiencia demuestra que el servicio comunitario no solo evita la desintegración familiar, sino que impulsa procesos de sanación, autoestima y sentido de propósito. Es una herramienta eficaz para prevenir la reincidencia y promover la inclusión social.
La Ley funciona, pero necesita del compromiso decidido de los operadores judiciales. Por eso, se hace un llamado urgente a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad: ustedes tienen en sus manos la posibilidad de que esta normativa cumpla su propósito. No se trata únicamente de descongestionar cárceles, sino de ofrecer una respuesta más humana a realidades complejas.
La justicia, cuando se aplica con empatía y responsabilidad social, transforma. La Ley 2292 no debe ser una excepción simbólica, sino una política activa; porque ninguna mujer debería pagar su deuda con la sociedad a costa de perderlo todo. La libertad con propósito es posible; lo que falta es voluntad para hacerla realidad.