Las grandes obras públicas no siempre reciben un juicio justo en tiempo real. La evaluación suele quedar atrapada entre la polarización política, los retrasos contractuales y la impaciencia ciudadana, olvidando que su verdadera prueba aparece cuando la naturaleza pone a prueba la ingeniería. Eso es justamente lo que ha ocurrido recientemente con el Proyecto de Protección Costera de Cartagena.
El frente frío y el mar de leva que afectaron a la ciudad en días pasados se convirtieron, sin proponérselo, en un examen práctico para una obra que aún no ha sido culminada. Y el resultado fue claro: aun incompleto, el proyecto cumplió su función principal. Calles de Bocagrande, históricamente golpeadas por la erosión y la intrusión de mareas resistieron mejor el embate del oleaje, evidenciando una reducción significativa en las afectaciones que durante años hicieron parte del paisaje cotidiano de la ciudad.
Este hecho no es menor. Demuestra que el diseño y la concepción técnica del proyecto fueron acertados, y que sus beneficios no son una promesa futura sino una realidad verificable. La protección costera ya está funcionando y, precisamente por eso, resulta incomprensible que su culminación siga enfrentando obstáculos administrativos y operativos.
Autonomía fiscal para las regiones, una deuda histórica
Wilson RuizEs necesario recordar que esta obra fue contratada durante el gobierno del presidente Iván Duque y la administración del alcalde William Dau. Como ocurre con muchos proyectos de infraestructura estratégica, fue heredada por los actuales gobiernos nacional y distrital con un cúmulo de dificultades: retrasos, ajustes técnicos, controversias contractuales y, como es apenas obvio, por la demora, desconfianza ciudadana. Sin embargo, las obras no tienen filiación política; tienen impacto social. Y ese impacto hoy está a la vista.
Cartagena no puede darse el lujo de que una obra de esta magnitud y relevancia quede inconclusa. La protección integral de su línea costera no solo es una necesidad ambiental, sino una obligación económica y social. De ella dependen sectores turísticos, residenciales, comerciales y comunitarios que han sufrido durante décadas los efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la fuerza creciente de los fenómenos meteorológicos.
Pero la protección costera no se limita a espolones, rompeolas o estructuras marítimas. Su efectividad plena exige que los sistemas complementarios entren en funcionamiento oportunamente. En este punto, uno de los cuellos de botella más evidentes es la falta de energización de las estaciones de bombeo, infraestructura clave para mejorar los tiempos de evacuación del agua lluvia y mitigar las inundaciones urbanas.
Por ello, es fundamental que la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría General, priorice y lidere las gestiones necesarias ante Afinia para lograr, sin más dilaciones, la energización de estas estaciones. Cada día de retraso se traduce en menor eficiencia del sistema, mayores riesgos para la ciudadanía y una percepción de abandono que no se corresponde con el esfuerzo técnico y financiero ya realizado.
El reciente frente frío dejó una lección clara: cuando se invierte bien, los resultados llegan. Ahora el reto es no desaprovechar esa evidencia. Culminar las obras y poner en marcha todos sus componentes no es solo una tarea pendiente, es una responsabilidad histórica con Cartagena y con las generaciones que seguirán habitando y defendiendo su frágil pero valiosa franja costera.