Por años, los residentes de Bocagrande hemos convivido con una realidad que ya no admite dilaciones: cada temporada de lluvias y cada fenómeno de marea alta convierten sectores de nuestro barrio, especialmente la avenida Chile en un punto crítico de inundación. No se trata solo de incomodidades pasajeras. Hablamos de afectaciones a edificaciones, movilidad, salud pública y, en general, a la competitividad turística de Cartagena.
El proyecto de drenajes pluviales y control a la intrusión de mareas en la Avenida Chile no es un lujo o un capricho. Es una obra de adaptación climática, una intervención estratégica para proteger infraestructura, inversión privada y, sobre todo, la calidad de vida de miles de cartageneros. Defenderlo no es un capricho de un barrio; es defender la sostenibilidad urbana de la ciudad.
Por lo que la propuesta del presidente Gustavo Petro de acudir al mecanismo de Valorización para financiar esta obra resulta equivocada, inequitativa y desconectada de la realidad tributaria de estos sectores.
Autonomía fiscal para las regiones, una deuda histórica
Wilson RuizBocagrande, Castillogrande y El Laguito son barrios que históricamente han sido grandes contribuyentes del Distrito y de la Nación. A través del Impuesto Predial, Industria y Comercio, sobretasas, contribuciones y una alta dinámica económica, estos sectores aportan una porción significativa de los ingresos que permiten financiar inversión social en toda Cartagena.
Adicionalmente, en materia de servicios públicos, estos barrios -clasificados en estratos altos- pagan contribuciones que subsidian las tarifas de los estratos 1, 2 y 3; es decir, ya existe un esquema solidario en marcha: los residentes y empresarios de estas zonas ayudan a financiar el acceso a servicios básicos de miles de familias vulnerables de Cartagena.
Imponer ahora una valorización para una obra que responde a un problema estructural de la ciudad sería, en la práctica, castigar dos veces a quienes ya aportan en buena parte al presupuesto distrital.
La figura de la Valorización suele justificarse cuando una obra genera beneficio directo que incrementa el valor del suelo por mejoras urbanísticas; pero en este caso no hablamos de un parque nuevo ni de una avenida ornamental: hablamos de resolver una falla histórica en el sistema de drenaje y de mitigar riesgos asociados al cambio climático y al aumento del nivel del mar.
Entendido esto, resulta necesario mencionar que la gestión del riesgo y la adaptación climática son competencias esenciales del Estado. No pueden trasladarse como si fueran una mejora opcional. Es deber del Distrito y de la Nación planificar y financiar este tipo de infraestructura con recursos ordinarios, regalías, crédito público o cooperación internacional.
Bocagrande es uno de los principales motores turísticos de Cartagena. Hoteles, restaurantes, comercio formal e informal, empleos directos e indirectos: todos convergen allí. Cuando la Avenida Chile se inunda, no pierde solo un barrio; pierde la ciudad.
Estos barrios no rehúyen su responsabilidad social; por el contrario, históricamente hemos sido solidarios, pero la solidaridad debe ser razonable y proporcional. No puede convertirse en un mecanismo automático para suplir vacíos de planeación o déficits fiscales.
El proyecto debe ejecutarse -y ejecutarse pronto-, con una estructura financiera que reconozca que Bocagrande ya contribuye ampliamente al desarrollo de Cartagena y de Colombia. En lo que debería estar pensando el Gobierno Nacional es en incluir estas obras en planes de adaptación costera, pero no como las obras de Protección Costera de la Avenida del Malecón, que parecen eternas y llenas de obstáculos.
Defendemos los drenajes pluviales y el control de intrusión de mareas en la Avenida Chile; pero defendemos también el principio de equidad tributaria. Cartagena necesita obras estructurales, sí; el desarrollo no puede construirse sobre la sensación de castigo a quienes, desde hace décadas, ya vienen aportando para subsidiar a la mayoría.