Cartagena vivió el 8 de abril una escena que no puede repetirse los próximos 7 y 20 de mayo, cuando Junior vuelva a jugar en el Estadio Jaime Morón. En realidad, no debería repetirse nunca más.
Buses apedreados, barrios sitiados por el miedo, más de 500 armas blancas incautadas y, lo más grave, un muerto. Fue la materialización de una tragedia anunciada. Bastaba asomarse a las redes sociales para leer el odio y las amenazas. Aun así, ocurrió. Y el resultado fue la muerte de Gabriel Acosta, líder de una barra de Junior, asesinado a puñaladas en la avenida El Consulado.
Mientras dentro del estadio se vendía una vitrina internacional y una oportunidad para dinamizar la economía, afuera reinó el vandalismo. Dos ciudades coexistieron en una misma noche: una que celebra el espectáculo y otra que paga sus consecuencias históricas.
Es un error reducir un fenómeno social tan complejo a una simple desviación del comportamiento. Hay que prevenir con transformaciones estructurales, pero seguimos atrapados en respuestas reactivas: más policías, cierres de fronteras improvisados, operativos de última hora.
En estos casos no falla solo una institución como la Policía, colapsa un sistema completo. Había alertas, rutas identificadas y amenazas explícitas. Aun así, se actuó como si la violencia fuera espontánea, cuando es organizada y previsible.
La tecnología prometida con drones y la Fuerza Pública no bastaron en una ciudad fracturada, porque la violencia no nace en el estadio, nace en los barrios, donde la vida vale menos que el orgullo. Y cuando se enfrentan, no lo hacen por un marcador.
En Colombia se habló de “barrismo social”, una apuesta que en el papel es inteligente porque busca transformar las barras en actores de convivencia, pero en la práctica ha sido un discurso sin voluntad política.
El problema no es la camiseta, es la persona. No se trata de prohibir hinchas, sino de bloquear a los violentos. Es inadmisible incautar centenares de armas sin responsables, o ver cómo tiran piedras desde los techos de los buses mientras la autoridad apenas escolta con sirenas.
A corto plazo, para los partidos de mayo, se necesitan corredores logísticos blindados, controles de identificación desde la ciudad de origen, requisas efectivas y ciberpatrullaje que anticipe retaliaciones.
A largo plazo se requiere que el Congreso tipifique penalmente el accionar criminal de las barras bravas y que el Estado cofinancie, en nuestros estadios, sistemas de reconocimiento facial biométrico y protocolos de ingreso que individualicen la responsabilidad. Y, sobre todo, una inversión real en programas de barrismo social que transformen la vida en los territorios con educación, cultura y empleo.
Quedó claro en Cartagena que la fiesta del fútbol no tapa las heridas sociales. Se vienen dos partidos más, ambos a las 9 de la noche. La ciudad no puede volver a la zozobra.