Otra vez la izquierda extrema con el cuento de la constituyente. Petro no se baja del sonsonete y Cepeda ahora sostiene que “ya no basta con protestar […] ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”.
Si la oposición triunfa en las presidenciales, como es seguro si Paloma pasa a segunda vuelta y es sería duda si lo hace De la Espriella, la iniciativa está hundida. Pero si ganara Cepeda, los riesgos de aprobación de semejante propuesta aumentan porque el poder presidencial es enorme en nuestra país y porque la izquierda ha demostrado que no duda en sobornar congresistas para impulsar sus iniciativas.
Los problemas nacionales no están en la Constitución. La del 91, con sus problemas y debilidades, es buena y, en todo caso, no es la responsable de esta vorágine de violencia, delincuencia, corrupción y caos económico que nos dejan estos cuatros años de bandidaje, incompetencia, ineptitud e ideas totalitarias y fracasadas de Petro y su pandilla.
No hay que confundirse: la constituyente de la izquierda en realidad busca hacer otra Constitución para, por un lado, eliminar la prohibición de la reelección y, por el otro, erosionar el sistema de frenos y contrapesos institucionales, autonomía del Congreso e independencia de las Cortes y la separación de las distintas ramas del poder público, de manera que el presidente pueda hacer lo que se le antoje sin control alguno. Aquí sí que hay que recordar que el camino venezolano a la dictadura nació con la constituyente chavista. En otras palabras, no sería una constituyente para ahondar y profundizar la democracia sino para demolerla.
La Constitución solo puede modificarse a través de un acto legislativo aprobado en el Congreso, un referendo o una asamblea constituyente. Le guste o no a la izquierda, no hay otro camino. “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro”. Por su parte, la Corte Constitucional debe “decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria”. Cualquier convocatoria a una constituyente que se salte este procedimiento es inconstitucional y, promovido desde el gobierno, un autogolpe de Estado que, también lo dije hace tiempo, por fortuna Petro no se atrevió ni se atreverá a dar.
Finalmente, el verdadero acuerdo nacional es la Constitución del 91. En ella participaron, de manera además prácticamente igual, además, todas las fuerzas políticas y sociales nacionales. Es una carta de derechos y de mecanismos de protección como casi ninguna en el mundo. Lo que debemos hacer es defenderla de los ataques de Petro y Cepeda.
*Abogado y analista político.