El periódico The New York Times publicó un extenso reportaje sobre una mina ilegal de oro en Colombia. Lo más impresionante no son los aterradores videos y fotos de la destrucción ambiental, sino la denuncia de que parte de esta mina -llamada La Mandinga- controlada por el Clan del Golfo estaba ubicada dentro de una base militar.
La otra parte de la historia, denunciada en un segundo reportaje del mismo periódico, es que La Casa de la Moneda (US Mint) compra oro del cártel de la droga y lo vende como estadounidense. La conclusión del NYT es que una agencia del gobierno norteamericano no cumple sus propias políticas de verificación del origen del oro que compra y así se ha convertido en un eslabón importante de la cadena de lavado de dinero de terroristas y narcotraficantes.
El oro se ha convertido en el segundo renglón de exportaciones de Colombia, por encima del carbón y el café y solo superado por el petróleo. El año pasado ingresaron por este rubro USD 5.055 millones (25% más que en el 2024), y en los dos primeros meses de este año ya han crecido 109% llegando a USD 1.533 millones. De seguir a ese ritmo pueden superar los USD 8.000 millones y ser el 18% del total de exportaciones.
La realidad incómoda es que una parte significativa de ese metal proviene de la minería ilegal, controlada por redes criminales. Después de salir de las minas del Chocó, Antioquia o el Cauca, casi siempre con certificados dudosos, el oro colombiano viaja, se mezcla en refinerías internacionales para reaparecer en los mercados oficiales donde, como por arte de magia, pierde su historia y deja de ser ilegal.
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de oro colombianas, absorbiendo cerca de una tercera parte. Canadá, con un crecimiento explosivo en sus compras, se ha convertido en otro actor clave. Ambos países son, además, centros globales de refinación y comercialización.
Es un modelo perfecto para el lavado de activos: silencioso, eficiente y socialmente aceptado, porque está diseñado para funcionar así: una vez el metal entra a una refinería certificada, su origen se vuelve irrelevante, y las refinerías no están obligadas a rastrear el origen último del oro. Así entra a cadenas de suministro que terminan en lingotes oficiales, reservas bancarias o monedas acuñadas por entidades estatales.
En Colombia, las consecuencias son brutales: ríos envenenados con mercurio, selvas arrasadas, comunidades sometidas por economías ilegales y enormes recursos que alimentan la violencia. El oro es una de las infraestructuras financieras del terrorismo y ha reemplazado en muchas regiones a la coca como mecanismo de lavado de dinero.
Como en la guerra contra las drogas, la hipocresía mundial es rampante: se exigen resultados contra el narcotráfico mientras su propio sistema financiero y comercial opera uno de los principales mecanismos de lavado de dinero. Es más cómodo exigir la erradicación de coca que rastrear el oro.
*Economista.