Cartagena tiene 18 concesiones portuarias de servicio público y 7 de servicio privado activas. Más que cualquier otra zona portuaria de Colombia. Eso la convierte en una de las mayores contribuyentes de contraprestación portuaria a la nación. Y es también la razón por la que lo que viene a continuación debería incomodar a cualquiera que piense en serio sobre desarrollo territorial. La Ley 1 de 1991, el Estatuto de Puertos, establece cómo se distribuye esa contraprestación, en términos muy generales: 80% para la Nación, 20% para el municipio o distrito. La fórmula tiene más de treinta años, y parece ser que nadie se ha preguntado si esta asignación es justa para el territorio que acoge la operación portuaria.
En 2024, los puertos de Cartagena aportaron más de 20 mil millones de pesos, es decir, más de 5 millones de dólares de ese año a la nación por concepto de contraprestación portuaria. Del 80% que administra INVIAS para invertir en infraestructura, ni un solo peso regresó a Cartagena. Ni uno.
Todos esos puertos están sobre la bahía de Cartagena, en la zona industrial y su área de influencia directa. Son los puertos que más carga mueven en el país: 51,3 millones de toneladas en el de 2025. El mismo territorio que genera entre el 52% y el 64% del recaudo municipal de ICA y predial. Una plataforma exportadora que financia al país desde dos frentes y recibe a cambio una fracción mínima de lo que produce para la nación.
Estamos frente a un problema de diseño institucional que tiene nombre: centralización fiscal disfrazada de distribución. Y su solución es política. No hace falta crear nada nuevo. Hace falta modificar una ley con una mirada territorial.
El caso portuario no es el único. El control sobre nuestra bahía y los cuerpos de agua, la jurisdicción sobre vías nacionales que atraviesan nuestro territorio, la gestión de recursos que se generan aquí pero se administran desde Bogotá. Cada uno de esos casos reproduce la misma lógica: el territorio aporta, el centro decide. Una ciudad que no controla los activos que la definen no es autónoma en ningún sentido práctico.
El nuevo Congreso que se posesiona en julio y quien asuma la Presidencia de la República heredan una agenda territorial que no se resuelve con buenas intenciones sino con decisiones concretas sobre cómo se distribuyen los recursos que el territorio genera. La bancada bolivarense tiene ahí una oportunidad real: presentar un proyecto de ley que modifique esta distribución con criterio territorial. Y esta no es una conversación solo de Cartagena y Bolívar; los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia están en la misma situación y tienen mucho que decir al respecto.
Los números son claros y la propuesta está sobre la mesa.