Por estos meses abundan los profetas del Apocalipsis energético. Las advertencias sobre un posible apagón nacional crecen cada semana, pero poco se escucha sobre las decisiones concretas que habría que tomar ahora para enfrentar una crisis que ya dejó de ser una hipótesis remota.
En medio de ese panorama, hay que reconocer una buena noticia: el Gobierno nacional adjudicó 15 proyectos de generación eléctrica para entrar en operación entre 2029 y 2030, con inversiones cercanas a los 4.300 millones de dólares. Y, contrario a la falsa dicotomía ideológica, también incluyó un componente térmico importante.
Lamento que este paso hacia la confiabilidad energética, aunque insuficiente para el cubrimiento total del consumo, se haya visto empañado por críticas del mismo presidente Petro al proceso de subasta.
La crítica se basa en la adjudicación de un proyecto térmico en la línea negra que protege las costumbres ancestrales de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que, según el presidente, atenta contra su programa de gobierno porque “es claro que la matriz de generación eléctrica debe abandonar, cuanto antes mejor, los hidrocarburos”.
Pero, además, el proceso fue salpicado por rumores de falta de transparencia. El presidente se pregunta en su cuenta de X quién recibió dinero para permitir una monstruosidad como hacer una termoeléctrica a gas en el corazón del mundo.
La pregunta de fondo, en medio de tan desconcertante controversia, es esta: ¿qué va a pasar entre hoy y el 2029? Los tiempos de construcción de la infraestructura energética son largos. Entre licenciamientos, consultas, financiación, redes y entrada en operación pueden pasar varios años. Por eso, incluso medidas de emergencia para adjudicar contratos de manera directa terminarían ayudando más a las contrataciones “a dedo” que a resolver las angustias en el corto plazo.
La realidad es compleja porque no estamos hablando de evitar completamente una crisis energética, sino de mitigar sus efectos. El fenómeno de El Niño que se anuncia podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas.
La Costa Caribe ya conoce las consecuencias. En departamentos como Bolívar, Atlántico, Cesar y Magdalena ya presentan racionamientos y tienen desesperada a la población, golpeada además por tarifas elevadas y un servicio todavía insuficiente.
Colombia necesita acelerar desde ya inversiones urgentes en transmisión y distribución, especialmente en el Caribe. Pero apalancarlo exclusivamente vía tarifa con la población del Caribe sería socialmente insostenible.
Hay que abrir espacio a usar regalías, recursos nacionales, obras por impuestos y mecanismos solidarios con usuarios a nivel nacional y no solo los costeños, que permitan modernizar la infraestructura eléctrica. Celebro que congresistas del Caribe, en especial de Bolívar, avancen en conversaciones con EPM para encontrar alternativas a la crisis, sin embargo, ante problemas estructurales, hay que ampliar el espectro. Los operadores de red son un eslabón más en la cadena energética y definitivamente hay que vincular para la solución a todos los demás.
Qué desafortunado que en Colombia casi siempre tengamos que reaccionar en medio de la crisis y no de manera preventiva.