El mundo atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre geopolítica desde la Guerra Fría. Según el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), actualmente existen 61 conflictos armados activos, la cifra más alta registrada desde 1946.
La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Gaza, la escalada entre Israel, Irán y Estados Unidos, así como las prolongadas guerras civiles en países africanos como Sudán, por mencionar solo algunos de los conflictos más mediáticos, han concentrado la atención política, diplomática y financiera de las principales economías del mundo.
Este nuevo contexto no solo ha transformado la agenda de seguridad internacional; también ha redefinido las prioridades de los Estados. Recursos que durante décadas financiaron programas de desarrollo hoy se destinan crecientemente al gasto militar, la defensa y la respuesta humanitaria derivada de los conflictos armados.
De acuerdo con un informe de 2025 de las Naciones Unidas, este cambio de enfoque amenaza con revertir parte de los avances alcanzados en desarrollo y reducción de la pobreza durante las dos primeras décadas del siglo XXI. En otras palabras, los recursos que antes financiaban programas de educación, salud, fortalecimiento institucional, construcción de paz o adaptación al cambio climático hoy compiten con necesidades humanitarias cada vez más urgentes y estrategias de defensa militar.
Más que una reducción coyuntural de recursos, todo indica que estamos ante un cambio estructural en las prioridades de la cooperación internacional para el desarrollo. El cierre de agencias como Usaid y los recortes presupuestales que enfrentan organismos como el Programa Mundial de Alimentos (WFP) son señales de un cambio profundo en la arquitectura de la cooperación internacional.
Sin embargo, sería un error atribuir este cambio de prioridades únicamente a las guerras. La coyuntura actual ha puesto en evidencia problemas de base que el sistema de cooperación internacional ya venía enfrentando: una creciente desconfianza de algunos países donantes hacia los organismos multilaterales, el auge de gobiernos con agendas más nacionalistas y una percepción cada vez más extendida de que la cooperación internacional genera beneficios limitados para sus propios intereses estratégicos.
Así, surge una pregunta inevitable: en los próximos años, ¿qué lugar ocupará el desarrollo en la lista de prioridades de los países donantes? Es evidente que el contexto geopolítico actual, sumado al creciente cuestionamiento sobre la eficacia del sistema de cooperación internacional, exige una profunda reestructuración de esta arquitectura. Sin embargo, relegar el desarrollo a un segundo plano significaría debilitar uno de los instrumentos más eficaces para prevenir las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y, en última instancia, de los propios conflictos; pues el desarrollo no compite con la seguridad, es parte de ella.
Existe un viejo adagio que afirma: ‘Si quieres la paz, prepárate para la guerra’. Esta visión responde a la tradición realista de las relaciones internacionales, según la cual los Estados actúan, ante todo, en función de sus intereses nacionales y de su seguridad. Sin embargo, sin desconocer esta lógica, la historia demuestra que ninguna sociedad ha alcanzado una paz duradera únicamente mediante el fortalecimiento militar. La seguridad y el desarrollo no son objetivos incompatibles; por el contrario, se complementan.
En este escenario, el multilateralismo y la cooperación internacional para el desarrollo no deberían entenderse únicamente como expresiones de solidaridad, sino como herramientas de estrategia geopolítica. El mejor ejemplo es el Plan Marshall: más que un programa de reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial, fue una apuesta de Estados Unidos para estabilizar Europa Occidental, contener la expansión del comunismo y consolidar un orden internacional basado en instituciones y alianzas duraderas.
Desde entonces, la cooperación para el desarrollo ha demostrado ser una inversión en estabilidad, influencia y prosperidad compartida. Fortalecer instituciones, reducir la pobreza, ampliar el acceso a la educación y generar oportunidades económicas no solo mejora la calidad de vida de las personas; también disminuye las condiciones que favorecen los conflictos, las migraciones forzadas y la inestabilidad regional. En ese sentido, financiar el desarrollo no compite con la seguridad: es una de las formas más eficaces de construirla.
Para países de renta media alta como Colombia, este cambio de prioridades representa un desafío cada vez más evidente. La protección de la biodiversidad, la atención a la población migrante y la reducción de las desigualdades continúan requiriendo recursos, conocimiento y alianzas internacionales. Sin embargo, en un escenario donde la cooperación para el desarrollo es cada vez más limitada, el país deberá competir por recursos más escasos y fortalecer una política exterior capaz de demostrar que invertir en Colombia no solo genera beneficios nacionales, sino que también contribuye a la estabilidad regional y a la provisión de bienes públicos globales.
Esta transformación ya comienza a reflejarse en decisiones concretas de algunos países donantes. Suiza, por ejemplo, anunció el cierre progresivo de varios de sus programas de cooperación bilateral en América Latina para concentrar una mayor proporción de sus recursos en regiones como África y en contextos marcados por conflictos armados y crisis humanitarias. Más allá de un caso aislado, esta decisión evidencia una tendencia más amplia: la cooperación internacional no solo enfrenta una reducción de recursos, también una redefinición de sus prioridades geográficas y estratégicas.
En este nuevo escenario, los países que aspiran a mantener el respaldo de la comunidad internacional deberán demostrar que el desarrollo sigue siendo una inversión estratégica para la estabilidad y la seguridad global.
Así, la verdadera pregunta no es cuánto cuesta financiar el desarrollo, sino cuánto costará dejar de hacerlo.
*Intenracionalista.