Durante mucho tiempo en Colombia se nos hizo creer que la seguridad consistía únicamente en capturar delincuentes. Sin embargo, un Estado inteligente no solo actúa cuando el delito ya ocurrió, sino que identifica los riesgos antes de que se conviertan en una amenaza para toda la sociedad. Prevenir también es gobernar y proteger.
Eso es precisamente lo que llama la atención del modelo que hoy desarrolla Sincelejo. Mientras muchas ciudades siguen enfrentando el crecimiento de la delincuencia, la capital de Sucre obtuvo los mejores resultados en seguridad del país durante el primer semestre de 2026. Detrás de esos resultados no hubo improvisación. Hubo liderazgo, articulación entre la Alcaldía, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fiscalía y las demás instituciones del Estado, uso de inteligencia para anticiparse al delito, recuperación de espacios públicos y una decisión política de intervenir las causas que alimentan la violencia.
Pero quizá la mayor enseñanza de Sincelejo fue haber entendido que la seguridad comienza mucho antes de que una persona cometa un delito. Mientras en muchas ciudades la respuesta llega cuando un joven ya ha sido reclutado por una estructura criminal, en Sincelejo la apuesta fue intervenir antes. A través del programa Paz Consciente, la administración municipal ha logrado que más de 1.500 jóvenes que pertenecían a pandillas abandonaran la violencia para iniciar procesos de formación, acompañamiento psicosocial, educación, emprendimiento y acceso a oportunidades laborales. Algunos hoy estudian, otros trabajan, otros emprendieron y varios incluso sueñan con servirle al país desde la Fuerza Pública. Esa es la diferencia entre una política reactiva y una política preventiva. No se trata únicamente de perseguir al delincuente, sino de evitar que miles de jóvenes lleguen a convertirse en uno.
La experiencia cobra aún más relevancia cuando se observa lo que ocurre en las principales ciudades del país. En Cali, las autoridades han identificado 83 pandillas juveniles integradas por más de 1.000 jóvenes, además de más de un centenar de estructuras criminales organizadas que disputan el control de las economías ilegales. Bogotá enfrenta la presencia de más de 200 estructuras delincuenciales que operan en distintas localidades y continúan reclutando menores de edad para actividades criminales. Medellín, por su parte, mantiene un desafío histórico con organizaciones delincuenciales que siguen instrumentalizando a niños y adolescentes para fortalecer sus redes ilegales. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cuántos de esos jóvenes habrían elegido un camino diferente si el Estado hubiera llegado primero que el crimen organizado?
He sostenido durante años que la autoridad es irrenunciable y que quien delinque debe responder ante la justicia. Pero también he sostenido que la verdadera seguridad no termina con una condena. Hoy Colombia tiene más de 100.000 personas privadas de la libertad y cerca de una cuarta parte corresponde a población reincidente. Esa realidad demuestra que encarcelar, por sí solo, no basta. La resocialización solo tiene sentido cuando está acompañada de disciplina, responsabilidad y oportunidades reales para reconstruir un proyecto de vida. Un empleo, un aula de clase o un emprendimiento pueden ser tan efectivos para prevenir el delito como un operativo policial cuando llegan a tiempo.
El crimen organizado nunca deja de buscar jóvenes para reclutarlos. El Estado tampoco puede darse el lujo de dejar de buscarlos para ofrecerles una oportunidad. Allí comienza la verdadera seguridad. Allí empieza la verdadera resocialización. Porque la mejor política de seguridad no es la que llena las cárceles, sino la que evita que nuestros jóvenes tengan que llegar a ellas. Recuperar una vida para la legalidad es proteger una familia, fortalecer una comunidad y hacer más seguro a todo un país. Esa es la lección que hoy nos deja Sincelejo y que Colombia haría bien en escuchar.