La segunda fase de la Gran Vía, una de las obras que dejó contratada la administración de Elsa Noguera en Atlántico, está por completar dos años de retraso. Su primera etapa, a cargo de otro contratista, tampoco estuvo lista en el plazo previsto: fue entregada en diciembre de 2024, un año después de la fecha anunciada por Noguera.
El constructor de la segunda fase, Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, pidió el pasado 22 de junio tres meses más y una adición de $3.650 millones para completar la obra, cuya ejecución, según la empresa mixta Edubar, se acerca al 90%.
Edubar está a cargo de la obra, tras ser designada para ese fin por el OCAD Región Caribe. El proyecto se financia con recursos de regalías gestionados por la Gobernación del Atlántico.
Y el contratista pidió más tiempo, principalmente, por cuatro razones. Primero, argumentó demoras en las conexiones y empalmes de las redes de acueducto con la empresa Triple A. En segundo lugar, señaló demoras en los descargos eléctricos requeridos ante Air-e para reubicar redes y trasladar postes, que todavía estaban dentro del área de intervención.
Su tercer argumento fueron los cambios en el diseño de una rotonda, y el cuarto, las condiciones geotécnicas distintas de las previstas, que fueron detectadas durante las excavaciones del deprimido que incluye la obra. Según el contratista, el suelo presentaba características de inestabilidad que obligaron a modificar la longitud y la cantidad de anclajes, además de realizar nuevos análisis y rediseños.
Edubar firmó la prórroga y la adición el 30 de junio. Así, el valor de la obra pasó de $94.720 millones a $98.371 millones. Esos recursos adicionales no provienen de una nueva fuente, sino del Sistema General de Regalías. Ya estaban asignados al proyecto, pero quedaron disponibles porque la oferta ganadora fue inferior al presupuesto previsto en la licitación.
El 30 de septiembre es, por ahora, la cuarta fecha contractual de terminación de esta fase de la Gran Vía, que debía estar lista desde septiembre de 2024. Y ahí aparece una paradoja difícil de pasar por alto.
Las dos fases de la Gran Vía las contrató Noguera como gobernadora del Atlántico. Ahora, como ministra de Transporte de la ‘Patria milagro’, lleva semanas hablando en medios de la necesidad de acelerar los grandes proyectos de infraestructura nacional que avanzan a media marcha o que ni siquiera despegaron durante la administración de Gustavo Petro.
También ha planteado la necesidad de recuperar la confianza en el sector de la infraestructura nacional. Confianza es justamente lo que ya no tienen los vecinos ni, mucho menos, los comerciantes de la Gran Vía, que a diario se enfrentan a problemas de movilidad y han visto languidecer sus ventas.
Después de tres prórrogas y dos años de retraso, el desafío del gobierno de Eduardo Verano -con el problemático legado de Noguera- ya no es anunciar otra fecha, es cumplirla.