Cuando escribo esta columna, gran parte de Cartagena está sin agua. Abrir la llave y encontrar la tubería vacía, llenar tanques de madrugada, comprar botellones y reorganizar la vida alrededor de un corte del líquido, dejó de ser una emergencia.
Se convirtió en la rutina humillante que Veolia y Aguas de Cartagena le impusieron a los cartageneros.
Acuacar produce cerca de 100 millones de metros cúbicos de agua al año, pero alrededor del 42% de ese producido se pierde físicamente o no llega a facturarse.
Su gerencia reconoce unos cien daños mensuales en la red y mil en conexiones domiciliarias. Estos datos son la radiografía de un sistema deteriorado, que sigue cobrando mientras Cartagena aprende a vivir en condiciones indignas.
Veolia no puede esconderse detrás del nombre de Acuacar. A través de Agbar posee el 45,9 por ciento de la empresa y es el socio operador.
Influye en la Gerencia, la Dirección Técnica y las decisiones estratégicas. Tiene poder para administrar, pero pretende tomar distancia cuando llega la hora de responder.
Treinta años fueron suficientes. Cartagena no tiene por qué seguir premiando con contratos, utilidades e influencia a un operador que perdió la confianza ciudadana. El ciclo de Veolia y del actual modelo de Aguas de Cartagena terminó.
El ciclo de Veolia y del actual modelo de Aguas de Cartagena se agotó. Su salida debe ser ordenada, con soporte técnico y jurídico, protegiendo a los trabajadores, el patrimonio público y la continuidad del servicio.
Cartagena no puede cambiar una operación deficiente por una empresa pública improvisada, pero tampoco puede usar el miedo a la transición como excusa para mantener un esquema que dejó de responderle.
Veolia y Aguas de Cartagena deben irse. El agua potable es un derecho, no una concesión que la ciudad tenga que agradecer cuando sale de la llave o grifo.
*Concejal de Cartagena.