Un terremoto no pregunta quién deterioró las finanzas públicas; solo destruye y obliga a reconstruir. ¿Con qué recursos? El Libro de la Verdad, resultado del empalme unilateral, tiene duras respuestas sobre dos temas estratégicos: las finanzas públicas y el campo.
Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobierno era de 16 billones, frente a niveles históricos de $30 a $40 billones, y se proyectan apenas $7,1 billones al cierre del año.
El déficit primario, la diferencia entre lo que se recibe y se gasta sin servicio de la deuda, pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025: Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4% del PIB en 2025, el más alto en décadas, salvo el 7,8% de 2020 por pandemia, nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.
La deuda pública creció más de 360 billones y, con tasas del 13% al 15%, en 2025 costó 105 billones. El problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber.
Y ahora el campo. Su recuperación es necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá de la persecución al delito. Por ello, ante la difícil situación fiscal, no podría seguir en la lista de pendientes, cuando la producción agropecuaria tiene enorme potencial para la recuperación económica.
Durante cuatro años se habló de reforma agraria con millones de hectáreas y Fedegán firmó con el Gobierno un Acuerdo para la compra de tierras ganaderas; sin embargo, la compra y distribución con proyectos productivos se enredó en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.
El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: la ANT le anticipó 1 billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y podían adjudicarse formalmente. Al final del gobierno, el 56,2% de las hectáreas reportadas como entregadas no tenían títulos.
Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica ni hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia y mercados, una parcela modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza. De ahí deben partir los cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en fuente de ingresos y bienestar.
Colombia necesita empresas rurales rentables, aprovechar cada hectárea y producir alimentos para los colombianos y para exportar. Necesita un Estado que facilite la creación de riqueza rural, para que el campo recupere su vocación es parte sustancial de las soluciones.
Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es... “despreciar la gallina de los huevos de oro”.