No debería quedar duda de que en Cartagena tener un aire acondicionado o mantener los abanicos encendidos todo el día no es un lujo. ¿O acaso es un lujo intentar dormir con temperaturas superiores a los 30 grados? ¿O tener energía para trabajar y estudiar? Sabemos que no. El Caribe no consume más energía porque quiera, sino porque el calor lo exige.
Sin embargo, la política energética del país ignora esta brecha. El subsidio de energía actual reconoce un tope de 130 kilovatios-hora (kWh) al mes para el interior del país, y de 173 kWh para el Caribe. Nada más alejado de la realidad. Mientras un hogar vulnerable del interior consume en promedio cerca de 100 kWh mensuales, en el Caribe un hogar del mismo estrato requiere 250 kWh o más por las altas temperaturas. Esto significa que una familia del Caribe paga cerca de 80 kWh a tarifa plena.
Como si esta inequidad fuera poco, el pasado 21 de agosto el gerente general de Afinia advirtió sobre la posibilidad de un apagón en la región, debido a un déficit de caja cercano a los 130.000 millones de pesos mensuales. Además, solicitó al Gobierno Nacional la implementación inmediata de políticas públicas que ayuden a financiar su operación deficitaria. En palabras sencillas: si la plata no aparece, puede haber un apagón.
Esta postura es inadmisible. Están tomando como rehenes a millones de usuarios en Cartagena y en el Caribe para presionar una negociación financiera y exigir que el Estado asuma la deuda; sin embargo, el ciudadano no generó esta crisis, entonces, ¿cómo es posible que una empresa prestadora amenace con dejar sin energía a toda una región para resolver su liquidez? Garantizar la viabilidad financiera del servicio es responsabilidad de la empresa, del sector financiero y del Gobierno, no de los usuarios que ya pagan tarifas desproporcionadas.
Las familias del Caribe no podemos seguir viviendo con la amenaza constante de quedarnos a oscuras; por eso me uno al llamado del alcalde Dumek Turbay al Congreso de la República: no se debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo si no se incorpora una solución definitiva e integral a la crisis energética y tarifaria del Caribe.
Ante esta crisis, presento dos propuestas concretas. Primero, la creación de un Fondo Nacional de Estabilización Tarifaria que permita amortiguar los costos extraordinarios y evitar que toda la carga termine sobre los usuarios. Segundo, un subsidio climático que reconozca las condiciones reales de consumo de la Costa Caribe: que cubra 250 kWh en lugar de 173 kWh, acorde al consumo promedio de la región.
Las soluciones están sobre la mesa; no podemos seguir tratando como lujo lo que es una necesidad básica para una familia cartagenera. No podemos pagar por una crisis que no creamos.