El presidente Abelardo De La Espriella anunció una revisión profunda de la contratación pública, con el propósito de examinar quién contrata con el Estado, cuánto recibe, mediante qué modalidades y cuáles son los resultados obtenidos. El propósito es necesario, pero debería conducirnos a una reflexión más amplia: la eficiencia del Estado no depende solamente de combatir la corrupción. También depende de administrar bien.
Y existe una institución en la que esa discusión merece especial atención: la Fiscalía General de la Nación.
Con presencia nacional y miles de servidores, la entidad debe gestionar sedes, inmuebles, vehículos, tecnología, comunicaciones, laboratorios, equipos de criminalística, seguridad, mantenimiento, talento humano y contratación. Todo ello supone administrar un presupuesto de varios billones de pesos y una operación que, por sus dimensiones, exige altos estándares de planeación y gerencia.
Autonomía fiscal para las regiones, una deuda histórica
Wilson RuizY no estamos frente a una organización carente de controles. La Fiscalía cuenta con auditorías de la Contraloría, controles internos y planes de mejoramiento. La auditoría de 2024 derivó en 17 hallazgos y 76 metas de mejoramiento; el seguimiento a junio de 2025 reportó un cumplimiento superior al 99 %, aunque con una efectividad cercana al 87 %. Son indicadores positivos de seguimiento, pero también plantean una pregunta: ¿se están utilizando los recursos de la manera más eficiente posible?
La pregunta no puede ser solamente si los recursos se ejecutan conforme a la ley. También debemos preguntarnos si cada decisión de gasto contribuye al cumplimiento de la misión institucional.
Legalidad y eficiencia no son lo mismo. Un contrato puede cumplir todos los requisitos y ser inconveniente; un inmueble puede estar correctamente arrendado y ser innecesariamente costoso; un procedimiento puede ajustarse a las normas y continuar siendo burocrático; una inversión tecnológica puede ser legal y no producir el resultado esperado.
En el caso de la Fiscalía, esta discusión tiene una consecuencia directa. Cada recurso que se utiliza ineficientemente es un recurso que podría estar fortaleciendo laboratorios, tecnología forense, sistemas de información, equipos de investigación o herramientas para enfrentar una criminalidad cada vez más sofisticada.
Administrar bien la Fiscalía también es cumplir su misión constitucional.
Esto exige una mirada integral de la dirección. Una organización de esta dimensión necesita capacidades en gerencia, finanzas, contratación, infraestructura, tecnología, talento humano, planeación y evaluación de resultados. Son dimensiones diferentes de la investigación criminal, pero necesariamente complementarias.
La autonomía constitucional de la Fiscalía debe respetarse plenamente. El llamado presidencial a revisar la contratación y el gasto público no puede convertirse en una interferencia del Ejecutivo sobre una institución autónoma. Pero esa misma autonomía permite —y exige— que sea la propia Fiscalía la que examine críticamente la manera como administra sus recursos.
Eficiencia no significa gastar menos. Significa utilizar mejor los recursos disponibles y obtener mejores resultados con ellos. Colombia debe avanzar del control del gasto hacia una verdadera gerencia del recurso público: no solo verificar que el dinero se haya ejecutado conforme a la ley, sino preguntarse si era necesario gastarlo, cuánto debía costar, si existía una alternativa más eficiente y qué resultado produjo.
Por eso sería oportuno que la Fiscalía emprendiera autónomamente un examen técnico de su estructura administrativa, contratación, infraestructura, tecnología, procesos internos y prioridades presupuestales. Un ejercicio que aproveche la información que ya producen los organismos de control y la propia entidad para responder una pregunta esencial: ¿cuánto de ese esfuerzo administrativo está contribuyendo efectivamente a investigar más y mejor?
Colombia necesita una Fiscalía fuerte, independiente y eficiente, con capacidad real para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas. Para lograrlo necesitamos buenos fiscales, investigadores preparados y herramientas suficientes. Pero también una convicción que no puede seguir en segundo plano: una Fiscalía que quiera investigar mejor tiene que administrar mejor.