Cada año se repite el mismo diagnóstico sobre las finanzas públicas colombianas: el presupuesto tiene muy poco margen de maniobra. Detrás de esa realidad está lo que los economistas llaman inflexibilidad del gasto, es decir, la existencia de compromisos que ya tienen un destino definido antes de que comience la discusión anual sobre ingresos y gastos.
Con frecuencia, este fenómeno se presenta como un problema estrictamente fiscal; sin embargo, vale la pena entender su origen. Buena parte de esa rigidez es el resultado de decisiones que como sociedad hemos tomado para garantizar derechos fundamentales y reducir desigualdades. La Constitución, las leyes y las decisiones judiciales han construido mecanismos destinados a asegurar recursos para educación, salud, pensiones y otras obligaciones sociales.
El Sistema General de Participaciones es quizás el mejor ejemplo. Gracias a este mecanismo se financian servicios esenciales que reciben millones de colombianos. En educación, una parte significativa de los recursos se destina al pago de docentes y al funcionamiento de las instituciones públicas. En salud, permiten garantizar la atención de los sectores más vulnerables de la población. Hablar de estos recursos no es hablar de gastos prescindibles, sino de instrumentos que hacen efectivos derechos aceptados por la sociedad.
Reconocer el origen legítimo de estas obligaciones no significa ignorar sus efectos sobre las finanzas públicas. Precisamente por ello, la discusión debe concentrarse menos en recortar derechos y más en mejorar la gestión de los recursos. El verdadero desafío consiste en contener el crecimiento acelerado de ciertas obligaciones y lograr que cada peso invertido genere mejores resultados.
La agenda debería centrarse en medidas concretas de eficiencia: reducir costos administrativos y de intermediación, fortalecer las compras públicas agregadas, combatir la evasión y el fraude en salud, mejorar la focalización de subsidios, acelerar la transformación digital del Estado, eliminar duplicidades entre entidades y evaluar de manera permanente programas cuyo impacto sea limitado.
La sostenibilidad fiscal y la protección de los derechos sociales no son objetivos incompatibles. Un Estado fiscalmente débil tendrá cada vez más dificultades para financiar los programas que buscan cerrar brechas y ampliar oportunidades. La solución no pasa por desmontar derechos, sino por administrarlos mejor, controlar el crecimiento de sus costos, garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan y fortalecer el aporte tributario de acuerdo con la capacidad de pago de los contribuyentes.
La política fiscal no es una escogencia entre derechos sociales o disciplina presupuestal. Se debe construir un Estado capaz de garantizar ambas recordando que tenemos derechos y deberes que debemos cumplir en esa construcción.