El reciente anuncio del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre un protocolo que permitirá a la Fuerza Pública el ingreso a las Universidades Públicas durante el desarrollo de protestas para perseguir a quienes comentan actos violentos, ha generado un nuevo debate público con respaldos y condenas a tal iniciativa.
La Constitución y la Ley protegen la autonomía universitaria, y establecen límites para impedir que bajo este principio los claustros se conviertan en escudos de impunidad; desde esa perspectiva, el anuncio del mandatario de los colombianos no representa novedad alguna. No obstante, ante el ambiente de polarización y de la retórica de confrontación en auge, su alocución se ha interpretado por seguidores y contradictores como una advertencia de próximas acciones represivas.
Quienes desde el extremismo político han visto siempre a la Universidad Pública como “nidos de comunistas y de guerrilleros”, se frotan las manos para celebrar la eventual recuperación por vía de las armas de territorios que consideran enemigos, mientras que desde otras orillas se expresan preocupaciones por la posible pérdida de espacios para el libre ejercicio de la asociación, el debate de ideas y de la protesta pública, también amparados por la Constitución y la Ley.
Es cierto que a lo largo de los años las protestas públicas han sido permeadas por extremistas con objetivos diferentes a las legítimas demandas estudiantiles y sociales, y desde éstas han generado caos e inclusive acciones terroristas. Pero no es menos cierto que cuando se han abierto espacios de represión en esos escenarios, las consecuencias han sido letales, por señalamientos, estigmatización, persecuciones, desapariciones e inclusive crímenes de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados. Cabe recordar que hace pocos años, varias universidades públicas del país fueron literalmente tomadas por organizaciones paramilitares que impusieron sus métodos violentos.
Las Fuerzas del Orden no están propiamente entrenadas para la persuasión, sino para la confrontación; por ello cuando al calor de escaramuzas en las protestas ingresan a una sede universitaria, no distinguen roles, edades ni ideologías; sino que todos los civiles se convierten en parte del bando contrario en un escenario de batalla.
Defender el legítimo derecho a la protesta social implica rechazar de manera contundente su utilización para cometer desmanes y violencia por parte de infiltrados; pero la autonomía universitaria debe prevalecer como factor catalizador que impida la criminalización de las manifestaciones estudiantiles. Los rectores, no pueden perder el derecho que actualmente les cobija de autorizar o no el ingreso de la Fuerza Pública a los claustros, cuando se evidencien acciones ilegales.
La inteligencia del Estado no está vetada en las Universidades Públicas; anunciar su mejoramiento para identificar con mayor precisión a los violentos encubiertos sería más efectivo y aceptable, que la advertencia implícita de represión generalizada.
*Escritor y asesor en comunicación política y de gobierno.