Hay ocasiones en que el uso de la fuerza estatal puede revelar, paradójicamente, su debilidad. Hagamos un experimento mental: un Súper Tucano bombardea un campamento donde hay menores; la Policía disuelve una manifestación que terminó en vandalismo; los escudos y las tanquetas entran a una universidad. El orden regresa; pero queda la pregunta: ¿qué ocurrió antes para que la respuesta del Estado terminara siendo la fuerza?
Pensemos en los menores reclutados e instrumentalizados por los grupos armados: que son los principales responsables. Algunos fueron coaccionados; otros encontraron en la ilegalidad aquello que sus territorios difícilmente podían ofrecerles: oportunidades, reconocimiento social o la fugaz sensación de tener poder. Cuando el Estado encuentra a ese muchacho con un fusil en la mano, probablemente ya llegó tarde. No consiguió protegerlo cuando abandonó la escuela, cuando aparecieron las primeras condiciones de vulnerabilidad o cuando el grupo armado comenzó a reclutarlo. Entonces ocurre lo incomprensible: el Estado bombardea en el campamento, lo que fue incapaz de proteger cuando todavía podía hacerlo.
Algo semejante sucede en las universidades. Hay violentos, infiltrados y quienes pretenden convertir una protesta legítima en escenario de destrucción. Todos estamos de acuerdo en que deben ser identificados y judicializados. Pero una universidad no es territorio enemigo ni la protesta se convierte en amenaza a la seguridad nacional porque algunos la degraden mediante la violencia. También allí el Estado debería llegar antes: la inteligencia gubernamental debería anteceder al uso de la fuerza.
El riesgo de cualquier política de seguridad es reducirla a una sola de sus dimensiones. El gobierno anterior privilegió la seguridad humana. Terminó enfrentando un grave incremento del reclutamiento infantil y, según Medicina Legal, 65 menores murieron en bombardeos durante ese cuatrienio. El actual gobierno ha puesto mayor énfasis en la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público mediante la fuerza estatal; sus primeras operaciones también han producido la muerte de menores. Ambas experiencias permiten advertir que, en un Estado constitucional, la seguridad no puede reducirse ni a política social ni a capacidad coercitiva. Su finalidad es proteger simultáneamente a las personas, sus derechos y el orden democrático. Por eso, prevención, anticipación mediante inteligencia, protección y uso legítimo de la violencia, constituyen dimensiones complementarias de una política integral de seguridad.
La seguridad comienza mucho antes de tomar la decisión de emplear la fuerza: con oportunidades, presencia institucional, programas capaces de identificar a los jóvenes en riesgo e inteligencia para anticipar el reclutamiento y la violencia. Porque cuando el Estado solo puede reaccionar después de que el joven ingresó al grupo armado o la protesta degeneró en violencia, quizá logre finalmente restablecer el orden, pero ya habrá perdido una primera batalla: la de la prevención. Un Estado fuerte debe saber emplear legítimamente la fuerza cuando sea necesario; pero su mayor fortaleza consiste en prevenir, anticipar y proteger para evitar, siempre que sea posible, tener que utilizarla.
*Profesor Universitario.