Voté por Abelardo De La Espriella y sigo pensando que buena parte de su hoja de ruta va en la dirección correcta: comparto sus prioridades en educación y seguridad, y también su diagnóstico del desorden fiscal que heredó. Dicho esto, creo que no debemos ser indiferentes a lo que nos genera ruido. El cuestionamiento sano es parte necesaria del ejercicio democrático, y este es mi punto de vista como votante frente a una medida puntual.
El gobierno ya anunció lo que viene con la Ley de Rescate. Entre el desmonte de otros impuestos, propone la disminución gradual del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). La propuesta se sustenta en el argumento de bajar la carga tributaria para reactivar la inversión privada y frenar la fuga de capital y talento. Es un objetivo legítimo. El problema es el momento elegido para perseguirlo.
Reconozco las desventajas del GMF. Nació en 1998 como gravamen de emergencia y casi treinta años después sigue vigente. Además, no atiende a la capacidad contributiva; pero, según las estadísticas oficiales de la DIAN, el GMF recaudó $14 billones en 2023, $14,9 billones en 2024 y $16,3 billones en 2025. No es un impuesto menor que se pueda desmontar sin sustituto y esperar que nadie note la diferencia.
El Gobierno plantea acompañar la reducción de impuestos con austeridad en el gasto público; pero los números no van en esa dirección. El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, casi $60 billones más que los $575,7 billones que había dejado planteados la administración anterior, y el gasto de funcionamiento pasó de $367,7 a $392,6 billones.
Los huecos ya se ven. Mientras se anuncia la disminución gradual del GMF y el desmonte de otros impuestos, la ministra de Trabajo admitió ante el Congreso que a Colpensiones le faltan cerca de $5 billones para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de este año, y que para 2027 el hueco proyectado es de otros $4,8 billones. Si el gasto sube y ya hay huecos por cubrir, la ecuación no cierra con los términos que el mismo gobierno puso sobre la mesa.
Y es que, hoy por hoy, el GMF es uno de los tributos más fáciles y eficientes de recaudar. Lo retiene la entidad financiera en el momento de cada operación, sin declaración de por medio, casi sin evasión posible y con un costo administrativo mínimo para el Estado. Es la diferencia con el IVA o la Renta, donde la evasión sigue siendo considerable. Con el déficit fiscal que tiene el país, desmontarlo gradualmente compromete la financiación de las metas que el propio gobierno se ha trazado en seguridad, educación e inversión. Apoyar esas metas incluye preguntarse con qué recursos se van a cumplir.