La transición energética en Colombia no empezó ayer. El país dio un paso anticipatorio desde los años 90 del siglo pasado, cuando impulsó la masificación del gas natural con la política de Gas para el Cambio, promovida por el entonces ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio. Por sus menores emisiones de CO2 durante la combustión, frente al carbón y los combustibles líquidos, el gas se ha considerado un combustible puente de dicha transición.
Otro paso importante fue la expedición de la Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en el Senado de la República. Esta norma declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Desde entonces quedó planteado un principio que hoy cobra mayor vigencia: la seguridad energética depende tanto de disponer de energía como de aprovecharla mejor.
A ello se sumaron la Ley 693 de 2001, de mi autoría, que abrió el camino a la incorporación de la mezcla del etanol en la gasolina, y la Ley 939 de 2004, que impulsó los biocombustibles para motores diésel. Se sentaron así las bases de una agroindustria que articula el campo con el abastecimiento energético y la reducción de emisiones.
Un presupuesto para lo esencial, no para la burocracia
Rafael Nieto LoaizaLos ingenios azucareros demostraron hace tiempo que los residuos agrícolas pueden convertirse en electricidad, en lugar de contaminar con la quema del bagazo. Según cifras de Asocaña, cuentan con capacidad instalada de generación de 372,1 MW, de los cuales 179,4 MW corresponden a capacidad excedentaria susceptible de aportar al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El bagazo constituye también un recurso estratégico para el abastecimiento energético nacional. Lo propio puede afirmarse de la palma de aceite, cuyo desarrollo ha encontrado en el biodiésel un importante impulso. Sus plantas de beneficio producen fibra, cuesco, racimos vacíos y efluentes que pueden aprovecharse para generar calor, electricidad y biogás. Las estimaciones sectoriales han situado su potencial eléctrico en alrededor de 340 MW. La lección está a la vista: parte de la energía que necesitamos puede provenir de los subproductos de nuestras propias actividades productivas. Aprovecharla permite agregar valor en el campo y diversificar aún más la matriz eléctrica.
La biomasa ofrece una ventaja relevante: puede almacenarse, con las condiciones y los costos que ello exige. Cuando se asegura un suministro sostenible de materia prima, permite programar la generación y complementar las fuentes variables.
Colombia necesita del sol y del viento, pero también necesita energía cuando estos recursos escasean. La caña y la palma podrían fortalecer una red de cogeneración y generación renovable distribuida entre las regiones productoras. Su desarrollo puede generar nuevos ingresos, reducir problemas asociados al manejo de residuos, crear empleo rural y fortalecer las economías regionales.
Para convertir ese potencial en electricidad se requieren proyectos viables, acceso a las redes y condiciones de contratación que permitan financiar las inversiones. También es indispensable garantizar el abastecimiento de biomasa sin comprometer la fertilidad de los suelos ni desconocer sus otros usos productivos. El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.