Las recientes protestas en Europa reflejan una paradoja más de nuestro tiempo: queremos que todo sea más barato, pero que nos paguen cada vez más por nuestro trabajo. Exigimos precios bajos y salarios altos como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra, y reclamamos más beneficios del Estado como si los recursos fueran infinitos. Todos quieren ganar más y pagar menos, pero hay una pregunta que pocos parecen hacerse: ¿quién paga la cuenta?
El problema no es protestar ni reclamar mejores condiciones de vida. Aparece cuando se supone que el Estado puede garantizarlo todo sin que nadie asuma los costos. Los precios no bajan por decreto sin consecuencias sobre la oferta, ni los salarios pueden crecer indefinidamente por encima de la productividad sin presionar los costos empresariales, el empleo o la inflación. Pretender ambas cosas simultáneamente exige explicar cómo se financiarán.
Reino Unido ilustra esta tensión. Según The Wall Street Journal, cerca de 7 millones de personas reciben prestaciones por enfermedad o discapacidad. Entre la población en edad de trabajar, los beneficiarios pasaron de 2,9 millones en 2019 a 4,7 millones en 2026. El gasto anual en estas ayudas supera los 100.000 millones de libras (unos $421 billones) y podría alcanzar los 130.000 millones en 2030 (unos $547 billones). El debate sobre restringir algunas prestaciones ha encontrado, por supuesto, una fuerte resistencia política.
Estas cifras no demuestran que las ayudas sociales sean innecesarias. Una sociedad decente debe proteger a quienes no pueden valerse por sí mismos. La cuestión es dónde termina la protección frente a la vulnerabilidad, y dónde comienza la expectativa de que el Estado resuelva cualquier dificultad y financie cualquier aspiración social.
Durante buena parte del siglo XX, el Estado de bienestar se construyó sobre la idea de garantizar condiciones mínimas: educación, salud, seguridad y protección frente a riesgos que los individuos difícilmente podían afrontar solos. Hoy parece avanzar hacia un modelo en el que también debe garantizar resultados y satisfacción. El ciudadano deja de ser únicamente titular de derechos y se convierte en acreedor de beneficios cuya financiación rara vez ocupa el centro de la discusión.
Colombia debería prestar atención a esta realidad. Con un gasto público creciente, un presupuesto cada vez más condicionado por obligaciones y un margen fiscal limitado, corremos el riesgo de normalizar promesas que superen nuestra capacidad de financiarlas. El problema no es ampliar la protección social, sino hacerlo sin evaluar sus costos, sus beneficiarios reales y sus efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La deuda de hoy compromete los impuestos y las oportunidades de mañana.
Un Estado responsable no es el que promete satisfacer todos los deseos, sino el que protege a quienes más lo necesitan, amplía las oportunidades y crea las condiciones para que las personas prosperen. Confundir esos objetivos puede resultar rentable en las urnas, pero costoso para la sociedad.