El Gobierno Nacional alista un cambio de rumbo estructural en la política de orden público, mediante el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia Ordinaria, preparado en el Ministerio de Justicia. La iniciativa marca el fin de la denominada ‘Paz Total’, reemplazando las negociaciones con estatus político por una oferta unilateral y unívoca del Estado.
El texto establece un marco legal de sometimiento voluntario condicionado al desmantelamiento efectivo de las estructuras armadas, la entrega de bienes y el aporte a la verdad, sin conceder zonas de distensión ni la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición.
El proyecto fija beneficios de hasta 50% de rebaja de penas para integrantes rasos y 30% para cabecillas, con un piso mínimo de 10 años de cárcel para los máximos responsables, quienes podrán cumplir sus condenas en modalidades especiales como colonias agrícolas y cárceles productivas. Asimismo, elimina la figura de los ‘voceros de paz’ y exige la entrega total de bienes sin devolución de porcentajes, condicionando la concesión de libertad condicional al concepto favorable de las víctimas.
Entre sus puntos más controvertidos, la iniciativa elimina la exclusión de beneficios por reclutamiento ilícito de menores para abordarlo de manera individualizada, al tiempo que impone la obligación de delatar nexos políticos bajo pena de perder todo tratamiento punitivo especial.
Como señalan analistas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Corporación Excelencia en la Justicia, el principal desafío de esta política radica en la asimetría de poder respecto a ciclos pasados: el Estado ya no enfrenta a grupos diezmados como las extintas Farc, sino a organizaciones en plena expansión territorial y económica como el Clan del Golfo o el Estado Mayor de Bloques, las cuales duplicaron sus filas en los últimos 4 años. Por esta razón, la efectividad del modelo dependerá de evitar el ‘reciclaje criminal’ e impedir que los vacíos dejados por una estructura sean ocupados por nuevos actores imbuidos en el narcotráfico o la minería ilegal.
En ese sentido, expertos enfatizan que el éxito del sometimiento exige trascender la captura de cabecillas para enfocar el aparato estatal en el desmantelamiento de las cadenas de valor de las economías ilícitas. Experiencias en regiones como el Bajo Cauca, Catatumbo o la Sierra Nevada demuestran que las redes criminales ejercen una regulación paralela sobre mercados formales e informales, que no se extingue únicamente con el desarme de un aparato militar.
Para garantizar que el sometimiento derive en la disolución real de las organizaciones y no en un carrusel mafioso, la oferta jurídica debe articularse de forma permanente con la intervención territorial integral, fortaleciendo la presencia institucional y la competitividad de la economía legal.