En un nuevo video, varios indígenas en el Cauca persiguen con machetes a unos soldados y tratan de desarmarlos. En otro episodio atacan fiscales y policías, los desarman y los secuestran. He perdido la cuenta de los ataques a autoridades por parte de indígenas. Se han vuelto sistemáticos y recurrentes. Hago tres reflexiones.
Una, sobre el alcance de los derechos de las poblaciones indígenas. Se desmadraron. Los indígenas son, por encima de su condición étnica, colombianos, y más allá de sus derechos indígenas tienen también deberes como connacionales. No están por encima de la Constitución. La jurisdicción indígena no se extiende más allá de sus territorios ni a los no indígenas.
Tampoco pueden allanar o destruir propiedad de los “ladinos”, ni bloquear calles y autopistas, ni atacar a miembros de la fuerza pública. No hay ninguna justificación para esas conductas, muchas delictuales, ni ninguna razón para tolerarlas. Para parar esta escalada es indispensable una respuesta firme y controlada de soldados y policías cuando sean atacados, y perseguir penalmente a los responsables. Unas condenas pueden desestimular nuevos ataques. La impunidad de todos los anteriores solo ha resultado en más agresiones.
Dos, muchos de esos ataques están relacionados con un propósito expansionista de sus territorios por parte de algunas poblaciones indígenas caucanas. Se escudan en un uso abusivo del concepto de “ancestralidad” que promueven algunas poblaciones indígenas, según la cual las tierras invadidas han sido tradicionalmente suyas. Es peligrosísima la idea subyacente según la cual los que fueron espacios geográficos de los indígenas durante la conquista y la colonia deben ser hoy de sus descendientes.
Aunque hoy por hoy los indígenas constituyen una porción muy minoritaria de la población colombiana, apenas el 3,4%, controlan el 27,6% del total de la tierra rural, más de 31,6 millones de hectáreas. Las poblaciones negras, que son el 10,6% de los nacionales, poseen apenas un 4,5%. Y entre los demás colombianos, el 86%, tenemos apenas 45,4 millones de hectáreas, un 39,7% del total.
Lo demás corresponde a áreas ambientalmente protegidas (11%) y el Estado (16,3%).
Para describir gráficamente la situación, las poblaciones indígenas son, de lejos, los mayores poseedores de tierra en Colombia, los grandes terratenientes. Las invasiones no responden a necesidades económicas sino a unos propósitos políticos que van en contravía de la construcción del bien común. En el caso del Cauca hay también intenciones de control estratégico y de carácter económico.
Finalmente, los episodios ratifican la necesidad de recuperar el sentido de la autoridad, la urgencia de respaldar inequívocamente a nuestros fiscales, soldados y policías, y el desafío de sancionar con severidad los ataques para evitar que proliferen.
*Abogado y analista político
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