El 1 de diciembre pasado, el antropólogo e intelectual guajiro de la etnia wayú, Wieldler Guerra, director del Banco de la República en Maicao, publicó una columna en El Heraldo titulada “La violencia acústica en el Caribe”, de la cual tomamos prestado el título de este editorial.
Luego de decir que en el mercado hay “artefactos electrónicos capaces de reproducir altísimos niveles de volumen poniendo en peligro la salud física y mental de los ciudadanos”, Guerra añade: “A esta violencia ejercida por medio del sonido se le llama violencia acústica, un problema social que afecta a nuestra región y que parece no estar en la agenda de las autoridades”.
Con una ironía fina, Guerra describe a los nuevos personajes de la violencia que pueden ser estacionarios o móviles, y señala que los últimos “montan sobre sus vehículos costosos aparatos de sonido y se dan a la tarea de inquietarnos o desvelarnos de manera más equitativa y democrática divulgando su estridente música por toda la ciudad.
Ellos son más cuidadosos que los alegradores estacionarios con el nepotismo y evitan que su servicio musical gratuito llegue a la vivienda de su progenitora u otros parientes uterinos más longevos”.
La radiografía hecha por Wieldler Guerra le cabe perfectamente a Cartagena, ya que también tenemos de ambas especies de “alegradores”, con el agravante de que nuestros cuerpos de agua permiten una subcategoría de la violencia acústica móvil, que aquí no solo anda sobre llantas, sino que se mueve por la bahía en veleros y galeones modernos pero tan piratas como los de antaño, algunos presumiendo de fantasmas, con unos equipos de sonido descarada y criminalmente altos, por encima de los decibeles permitidos por la ley y sobre todo, por la buena educación y la decencia, desconocida por estos “alegradores” acuáticos de estratos elite. Y no contentos con atormentar a sectores enteros de Manga, Bocagrande y Castillogrande con sus decibeles violentamente excesivos los viernes, sábados y domingos, esta semana que concluye lo hicieron también el jueves.
Y si Cartagena está “premiada” con los alegradores acuáticos, también los tiene terrestres, como lo podrán atestiguar los habitantes de Castillogrande, partes de Bocagrande y Manga, donde se aparcan jóvenes en discotecas rodantes sin que ninguna autoridad intervenga para defender el derecho al descanso de los vecindarios que perturban, cuyos habitantes pagan los impuestos más altos de Cartagena pero tienen la misma democracia del ruido de los barrios marginales.
Para poder exigirle buen comportamiento a los “alegradores” de las barriadas populares, donde torturan cuadras enteras de habitantes durante varios días seguidos con equipos de sonido, las autoridades deberían obligar también a los infractores de estratos altos, que se sienten intocables, a obedecer no solo la ley, sino a sugerirles que su educación y posición privilegiada les exige un comportamiento muchísimo mejor que el que practican.