A pesar de los argumentos de peso que han esgrimido ambos gobiernos, sigue siendo absurda la confrontación entre Colombia y Ecuador, concretada sobre todo en medidas económicas que dañan a ambas naciones.
La relación entre Colombia y Ecuador, históricamente cimentada en la hermandad y la integración andina, pasa por su momento más oscuro a partir de una fricción diplomática que ha ido in crescendo hasta llegar hasta la actual confrontación comercial y política reflejada en la seguidilla de represalias simétricas.
Se trata de una crisis multidimensional donde se mezclan aranceles punitivos, violencia desbordada en la frontera y choques ideológicos entre los dos mandatarios, todo lo cual en el fondo representa un monumento a la inutilidad de la divergencia entre pueblos que comparten un destino común. El conflicto ha escalado de manera alarmante y, en honor de la verdad, fue el presidente Daniel Noboa su impulsor al imponer una ‘tasa de seguridad’ a productos colombianos, justificándola en la necesidad de financiar el control de una frontera compartida con el narcotráfico.
La respuesta de su homólogo, Gustavo Petro, era apenas previsible conforme con el Principio de Reciprocidad que rige las relaciones internacionales, asignando aranceles equivalentes y suspendiendo la venta de energía eléctrica.
El comportamiento de ambos políticos nos tiene en que los aranceles al 100% arruinan el comercio binacional, lo que viola el espíritu del Acuerdo de Cartagena, que rige entre los dos países.
Es cierto que en la frontera de Nariño y Carchi los homicidios han aumentado un 30%. Esto, en vez de castigarse con medidas económicas dañosas, tendría que resolverse con propositiva cooperación institucional para arrebatar a los grupos violentos, como los Comandos de la Frontera y el Eln, un territorio que ruega por el retorno de la tranquilidad.
Si ambos gobiernos persisten en sustraerse del diálogo sensato, pues lo que logran es entregar definitivamente la frontera a la mafia; es, ni más ni menos, permitir que la criminalidad sea la gran ganadora de una confrontación estatal de perdedores. Es imperativo que los presidentes Petro y Noboa detengan esta espiral del desencuentro. Por nuestra parte, la anunciada intención del presidente Petro de abandonar la Comunidad Andina (CAN) para buscar refugio en el Mercosur no es más que una huida hacia adelante que ignora décadas de integración. La solución está en sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.
Normalizar las relaciones no es un favor entre gobernantes, sino una obligación con los gobernados, singularmente con los ciudadanos que habitan la frontera, quienes hoy pagan el costo de la inflación y la inseguridad.
La historia no perdonará que dos naciones hermanas se destruyan mutuamente por la incapacidad de sus líderes para dialogar.