No hay duda de que entramos en un clico de inseguridad por terrorismo en varias regiones del territorio nacional, al punto que ya esa sensación de desasosiego comenzó a sentirse en urbes como Cartagena, como ocurrió este lunes 27 abril, con una pipeta abandonada en espacio público cercano a un centro comercial, que no resultó ser artefacto explosivo.
Es claro que, mientras el Gobierno central persiste en la Paz Total, el control territorial de los grupos armados ilegales se expande y la capacidad operativa del Estado parece haberse erosionado.
El reciente atentado en la Vía Panamericana, que cobró la vida de 19 civiles tras la explosión de un cilindro bomba en el sector de ‘El Túnel’ (Cajibío), simboliza el retorno a métodos de guerra que se creían superados. Y es que en una sola semana se reportaron 31 acciones terroristas (22 de ellas en el Cauca), que incluyen el uso de drones con explosivos y ataques directos a la infraestructura vial.
La situación es tan grave que volvimos a escuchar la voz de la vicepresidenta Francia Márquez, esta vez cuestionando abiertamente la eficacia de la inteligencia militar, agregando que “pareciera que la capacidad del Estado hubiera desaparecido”. Que esto suceda en el núcleo del Poder Ejecutivo refleja la frustración ante una ofensiva de las disidencias de las Farc y otros grupos violentos que no distinguen entre objetivos militares y población civil.
Innegable que el panorama es desalentador desde la perspectiva institucional, pues en el seno del propio Consejo de Ministros se afirmó que las Fuerzas Militares operan apenas al 45% de su capacidad ideal. Ahora sabemos que buena parte de los equipos empleados por las FF. MM. están envejecidos; o que el proyectado Conpes de 13 billones de pesos a 10 años se queda corto debido a que la crisis desborda los tiempos de la burocracia fiscal.
Impacta que el informe de Amnistía Internacional 2025-2026 sea de tal contundencia en cuanto que las negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados no se han traducido en reducción de la violencia. Por el contrario, las cifras que contiene, con 90 mil desplazados masivos y 235 mil personas confinadas; o el uso sistemático de drones y minas antipersonal; o la incompatibilidad entre la delincuencia activa de cabecillas como alias ‘Calarcá’ y los beneficios de la mesa de diálogo, no hacen sino inferir que ese ciclo en el que entramos difícilmente se detendrá si se mantiene una visión tan laxa frente a los conceptos de Libertad y Orden.
Y todo eso de cara al circuito electoral en el que estamos, en medio de una paz que parece mafiosa pues el control de territorios es tan absoluto que los violentos no necesitan matar para ganar.
El Estado enfrenta el desafío de recuperar la capacidad disuasiva sin desmantelar los intentos de paz; ¿pero eso es posible con más de 253 mil hectáreas de coca y la extorsión desatada?