Tal como lo publicamos la anterior semana, en una decisión de segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó el fallo de tutela emitido el pasado mes de abril por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en el que se había ordenado a diferentes entidades tomar medidas urgentes para frenar las ocupaciones ilegales y los rellenos en áreas de bajamar que están afectado al ecosistema de la Ciénaga de La Virgen, especialmente en Villa Gloria, zona norte de la ciudad.
Aunque el nuevo proveído judicial es pertinente, pues es cierto que la vía procesal adecuada, por la naturaleza de lo que se pretende, es la de la acción popular, es innegable que con ello la situación de la Ciénaga de la Virgen escala a un complejo escenario, pues las autoridades llamadas a concurrir en la preservación de este esencial hábitat de la ciudad, estas son: Alcaldía, MinAmbiente, Cardique, Policía y Fiscalía, ahora podrán ralentizar el plan de choque que la Procuraduría pretendía con la acción de tutela, para revertir las invasiones y rellenos en las zonas de bajamar de la zona norte.
Por fortuna, la Procuraduría emitió el Oficio 155-2026 por el cual se plantea una contraofensiva institucional basada en la urgencia técnica. El documento, suscrito por Mayelis Chamorro Ruiz, advierte que el deterioro del ecosistema no admite esperas procesales.
En efecto, mientras la justicia debate el camino formal, la Ciénaga enfrenta una pérdida acelerada de biodiversidad y la alteración irreversible de sus ciclos hídricos, debido a la ocupación humana descontrolada. Además, la Procuraduría sostiene que la vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y el mínimo vital de los pescadores artesanales está directamente ligada a la degradación del cuerpo de agua.
El oficio mencionado, que fue precedido de un auto de Cardique en el que impone medidas dirigidas a frenar la tala y relleno en la Ciénaga, enfatiza la necesidad de una coordinación interinstitucional inmediata que el fallo del Tribunal, sin proponérselo, debilita al retirar las órdenes perentorias.
Para la Procuradora Ambiental y Agraria de Cartagena, la inacción administrativa constituye un incumplimiento de los deberes constitucionales de protección ambiental. La postura de ese Despacho busca evitar que el tecnicismo jurídico de la ‘subsidiariedad’ se convierta en una patente de corso para que los invasores continúen rellenando el ecosistema.
Es de esperar que, más allá de los debates procesales, las autoridades locales y nacionales no utilicen este revés judicial como excusa para la parálisis; por ello, es fundamental respaldar con firmeza las exigencias de la Procuraduría y Cardique, cuyo llamado a la acción inmediata es procedente para evitar la continuada agresión a la Ciénaga de la Virgen y a las comunidades que dependen de ella.