La madurez de una democracia se mide más o mejor cuando el gobernante de turno es capaz de asimilar, con talante republicano, la amargura de la derrota, que cuando celebra la victoria de su bando. Bajo esa realidad, y a pocos días de que el país defina su futuro en las urnas, el panorama político nacional se ha visto sacudido por la amenaza de la violencia como mecanismo de presión electoral.
Las recientes declaraciones del exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, advirtiendo de forma irresponsable que si la izquierda pierde las elecciones indudablemente el país se va a incendiar, no constituyen una simple predicción meteorológica del ánimo popular; representan una abierta manipulación y una inadmisible amenaza directa a la soberanía ciudadana.
Es imperativo entender la gravedad de estas palabras en el contexto de una segunda vuelta de alta polarización. Vaticinar escenarios apocalípticos desde sectores afines al Ejecutivo es, en la práctica, sugerir un fraude inexistente mucho antes de que se cuente el primer voto. La democracia consiste, precisamente, en aceptar que la legitimidad del proceso no puede quedar supeditada a que gane el sector político de nuestra preferencia. Intentar condicionar el libre ejercicio del voto bajo la premisa de que una victoria de la oposición desatará el caos civil es un recurso autoritario que busca sembrar miedo.
Por fortuna, la reacción institucional ha sido contundente. El llamado a la cordura no dio esperas y provino de múltiples frentes. Durante el reciente encuentro de Paz Electoral, las cabezas de la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría alzaron una voz unánime contra la radicalización del discurso público. El procurador fue tajante al recordar que “ningún insatisfecho tiene el derecho a quitarles la esperanza” a los colombianos, mientras que el contralor cuestionó directamente las advertencias incendiarias, exigiendo moderación a los actores políticos. A este bloque de sensatez se sumaron el Consejo Gremial y, de manera notable, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó los dichos de Carrillo como un “error muy grande” y garantizó el respeto gubernamental a la voluntad popular. Sin embargo, el alivio que produce este respiro de madurez institucional no disipa del todo las alarmas.
Mientras la Registraduría blinda la logística electoral con el apoyo de la Fuerza Pública, la campaña de la fórmula Cepeda-Quilcué mantiene un silencio ambiguo que le hace daño al país. Es el Pacto Histórico el que ahora debe dar un paso al frente y aclararle a la ciudadanía si respalda la retórica de la conflagración o si desautoriza con firmeza la intimidación. La Presidencia de la República se gana sumando votos en las urnas, no amenazando con prenderle fuego al país. No hay otra salida que el respeto al veredicto popular, como valor innegociable.