Es evidente que la gestión de la seguridad urbana en el próximo gobierno representará el viraje hacia una doctrina de mano dura, centralización de la autoridad y el desmonte definitivo de la Paz Total.
Bajo la premisa de recuperar el control territorial y acabar con la impunidad, el nuevo mandatario anunció que firmará desde el día de su posesión una serie de decretos enfocados en robustecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y reactivar las órdenes de captura suspendidas a grupos armados ilegales, condicionando cualquier salida judicial a los mecanismos de sometimiento ordinarios.
La piedra angular de esta estrategia a nivel local será la creación del ‘Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana’, iniciativa que se diseña para enfrentar el homicidio, el atraco y la extorsión en las principales ciudades del país, la implementación de herramientas de judicialización exprés, incluida la extinción de dominio y megacárceles. Según el ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Eduardo Mora López, este bloque operará bajo una sinergia que integrará al Gobierno, las autoridades locales, los gremios empresariales y las reservas de veteranos de las Fuerzas Militares.
Dentro de este paquete de reformas operativas, ocuparía un lugar central el retorno del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El nuevo gobierno planea derogar los decretos vigentes, eliminando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), un cuerpo especial que la administración saliente creó tras el estallido social de 2022 con el propósito revelado de transformar el manejo de las manifestaciones, priorizar la concertación y evitar la violación de los derechos humanos y la integridad de los manifestantes y la ciudadanía.
El nuevo ministro de Defensa justifica esta reversión argumentando que las normas vigentes atan las manos de la Policía Nacional, por lo que el regreso del Esmad busca restaurar la autoridad del Estado y aplicar una política de cero tolerancias frente a los bloqueos de vías y el vandalismo.
Este nuevo enfoque de seguridad ya comenzó a suscitar otra ola de acritud en el país. Desde la oposición, el senador Iván Cepeda ha cuestionado con severidad los planes del mandatario electo, advirtiendo que la participación de particulares y reservistas en tareas de vigilancia y custodia carcelaria, sumada a “la criminalización de la protesta social” a través del restablecimiento del Esmad, rompe el monopolio constitucional de la fuerza, amenaza los derechos humanos y reproduce esquemas históricos cercanos al paramilitarismo.
Pero amenazar con la desobediencia civil no hace sino alimentar la idea de que el Esmad será un instrumento necesario de respuesta. Así, Cepeda le da lo que quiere al nuevo Gobierno, y éste le responde lo que necesita. Terrible que a eso se vaya a contraer la nueva dinámica gobierno - oposición.