La muerte del joven inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, oriundo de Bucaramanga, tras recibir disparos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo en Biddeford, Maine, es una dolorosa herida para nuestro país.
Johan Sebastián residía y laboraba en Maine; según información de prensa, con permiso de trabajo y número de Seguro Social. En el momento del ataque se encontraba a bordo de su vehículo acompañado por su hija de tres años.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente disparó porque el colombiano intentó usar su vehículo como un arma contra ellos, mientras lo perseguían para deportarlo; sin embargo, según algunas notas de prensa, testigos y cámaras de seguridad mostrarían que el auto de la víctima se deslizaba sin control y con impactos de bala en el parabrisas. Se afirma, además, que las grabaciones en video podrían desmentir que existiera una persecución previa y, por el contrario, que los agentes habrían sacado el cuerpo del joven del vehículo para esposarlo, presuntamente intentando simular un arresto con vida.
Si esta versión fuera cierta, la trágica muerte de Johan no sería un hecho aislado, sino el reflejo de problemas estructurales en el sistema de control migratorio de EE. UU. El argumento del DHS de que el conductor intentó “usar el vehículo como arma”, sería una narrativa recurrente e instrumentalizada por las agencias de control, pues ha sido usada en casos anteriores, como el de Renee Nicole, en Minnesota.
Si el joven poseía número de Seguro Social y permiso de trabajo, entonces debería reabrirse un interrogante sobre los criterios de focalización de ICE. En efecto, ¿por qué un inmigrante con documentación y permisos activos es perseguido bajo una orden de deportación? Es una pregunta pertinente, pues habría que descartar que se trate de la naturaleza arbitraria y punitiva de un sistema que persigue a trabajadores integrados a la comunidad, en lugar de garantizar procesos justos.
La solicitud de explicaciones por parte de la Embajada de Colombia es un paso necesario, y seguro irá más allá del protocolo burocrático de “seguimiento”. El Estado colombiano tiene el deber moral y constitucional de exigir una investigación penal rigurosa. La vida de los colombianos en el exterior no puede ser tratada como un daño colateral de las políticas de seguridad nacional en países amigos. Incluso, este lamentable suceso debe servir para avivar el debate global sobre la actuación de agencias que, como ICE, operan bajo tácticas militarizadas en entornos civiles.
La muerte de Johan Sebastián es un trauma para los inmigrantes colombianos, y un recordatorio del costo humano de la migración y de la necesidad de que se haga justicia. Su nombre no debe quedar en la impunidad de las estadísticas de inmigrantes ilegales.