El anuncio del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sobre un nuevo protocolo de seguridad para normar la intervención de la Fuerza Pública en universidades públicas, con razón ha encendido un debate aireado en distintos niveles.
La controversia contrapone la necesidad urgente de frenar el vandalismo, el uso de explosivos y el microtráfico en los campus universitarios frente a la preservación irrestricta de la autonomía universitaria, un principio republicano protegido por la Constitución y la Ley 30 de 1992.
Por un lado, voceros gubernamentales y líderes políticos defensores de la medida argumentan que la autonomía no equivale a impunidad ni a insularidad jurídica. Sostienen que el libre pensamiento no puede servir de velo para proteger la violencia, la coerción sobre los estudiantes ni la destrucción de infraestructura pública. Rectores y analistas reconocen que la frecuencia de las pedreas y el accionar de grupos violentos desnaturalizan la misión académica, prolongando semestres y poniendo en riesgo la integridad de las comunidades educativas, tal como ha ocurrido históricamente en instituciones reputadas del país.
Si a lo anterior se suma el caos que en barrios vecinos o en el transporte propinan las confrontaciones con las fuerzas estatales cuando las protestas se salen de control, hay razones para entender por qué tantos resquemores sobre dichas protestas.
Por otro lado, la oposición, sectores estudiantiles, analistas de prestigio y las directivas de varias universidades advierten que habilitar la presencia de la Fuerza Pública en los campus vulnera la inviolabilidad de los recintos de educación superior y pone en riesgo libertades fundamentales como las de expresión, de cátedra y de protesta pacífica.
La memoria evidencia que la militarización o penetración policial a las aulas suele exacerbar la confrontación, polarizar el ambiente universitario y catalizar episodios de violencia irreparables. Hay una tradición de tolerancia a cierta rebeldía juvenil en los campus de universidades públicas y maneras de sortearlas.
Frente a este complejo panorama, la solución no tendría que ser el choque directo ni el ingreso de la Fuerza Pública a los recintos académicos. Es preferible no derivar hacia una política orientada al ingreso de las fuerzas del orden a los campus, respetando una tradición republicana regularmente aceptada que ha protegido a la universidad como escenario de la razón, el debate plural y la libertad de pensamiento.
En su lugar, resulta más prudente institucionalmente priorizar la inteligencia preventiva, la mediación interna y la garantía del orden público fuera de los linderos de los centros de educación superior cuando ello fuere estrictamente necesario, preservando intactos los espacios de autodeterminación universitaria.