La agitada disputa alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tensionada por los recortes presupuestales que propone el nuevo Gobierno y los proyectos legislativos para acortar su vigencia o revisar sus competencias, trasluce un dilema más complejo en la institucionalidad colombiana actual.
Mientras los defensores del tribunal advierten que ahogar financieramente o alterar las reglas de juego de la justicia transicional desconoce los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, sus críticos señalan la asfixia fiscal y la necesidad de que todas las entidades del Estado, sin excepción, se sometan a la austeridad y al escrutinio de los recursos públicos.
Por un lado, resulta legítima la preocupación de los organismos internacionales y las organizaciones de víctimas, ante cualquier acción que busque instrumentalizar la coyuntura económica para desmantelar la arquitectura de paz. Es innegable que la JEP ha aportado verdades dolorosas e históricas que la justicia ordinaria jamás logró desentrañar, como la dimensión real de las ejecuciones extrajudiciales, la acreditación del reclutamiento masivo de menores y la exhumación de cientos de personas desaparecidas que han permitido dar un cierre digno a familias devastadas. Asimismo, la advertencia sobre la seguridad jurídica de más de 7 mil integrantes de la Fuerza Pública sometidos al sistema, constituye otro argumento de peso que exige responsabilidad política para evitar vacíos que conduzcan a la impunidad o a la intervención de tribunales internacionales.
Por otro lado, la postura del Ejecutivo y de diversos analistas sobre la necesidad de ponerse en modo austeridad responde a una realidad fiscal incuestionable. En un escenario donde el gasto del Estado supera con creces sus ingresos y la propia rama judicial ordinaria sufre recortes severos, resulta insostenible pretender que un tribunal transicional goce de un blindaje ajeno a la crisis.
Sin embargo, el núcleo del descontento ciudadano y el punto donde converge la mayor fragilidad de la JEP radica en la falta de celeridad razonable en el cumplimiento de sus propósitos. Tras casi un decenio de funcionamiento y la ejecución de billonarios recursos, los avances en materia de juzgamiento resultan dramáticamente escasos frente a las expectativas generadas.
El país no puede quedar atrapado en la falsa disyuntiva entre defender ciegamente una institucionalidad ineficiente o arrasarla por revanchas políticas. La JEP no está llamada a eternizarse ni a funcionar como un fortín burocrático ajeno a la austeridad republicana; su naturaleza es transitoria y su deber es entregar resultados.
Es hora de que la jurisdicción abandone el tono defensivo, asuma con humildad sus fallas logísticas y procedimentales, y entregue al país de manera expedita las sentencias y sanciones restaurativas que prometió.