a convocatoria a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre en España signa la conclusión inevitable de una legislatura paralizada por el bloqueo parlamentario, la fragmentación política y el desgaste institucional. Tras el colapso de los decretos ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, rechazados por una heterogénea oposición que incluyó tanto a las fuerzas de derecha como al independentismo catalán de Junts, el presidente Pedro Sánchez se vio obligado a precipitar el final de su mandato.
Lo que el Ejecutivo intenta presentar como un ejercicio de responsabilidad democrática ante el filibusterismo de las Cortes no es más que la constatación de un hecho incontestable: la imposibilidad de gobernar sin una mayoría parlamentaria sólida y coherente.
El detonante aparente de esta crisis ha sido el problema de la vivienda, un drama social que atenta contra el mandato de una vida digna y que ha movilizado a miles de ciudadanos a las calles. Sin embargo, la brecha de fondo es sustancialmente más compleja.
Por un lado, la izquierda busca desplazar la atención de las investigaciones judiciales que acorralan al entorno oficialista y situar el debate electoral en el terreno de los derechos sociales, la contención del precio de los alquileres y el blindaje del Estado del bienestar. Y, por el otro, la oposición articulada por el Partido Popular y Vox enfoca su estrategia en denunciar la erosión institucional, los escándalos de presunta corrupción y la gestión de la seguridad fronteriza, especialmente tras los graves acontecimientos registrados en la ciudad autónoma de Ceuta.
Este adelanto electoral pone sobre la mesa dos visiones encontradas sobre el modelo de país y el futuro de sus instituciones. Se plantea así un dilema de gobernabilidad: si España logrará articular una mayoría capaz de ofrecer estabilidad regulatoria, oferta habitacional y certidumbre jurídica, o si el mapa político se adentrará en un periodo de mayor polarización. El escenario abre, además, la posibilidad real de que la extrema derecha ingrese al Gobierno de la nación en alianza con los conservadores, un factor de profunda trascendencia no solo para la cohesión social interna, sino para el peso del país en el proyecto europeo y el panorama internacional.
Llegados al punto en que la aritmética parlamentaria estrangula la acción de Estado y transforma la promulgación de leyes en una batalla estéril de decretos, la democracia dispone de su mecanismo más legítimo y eficaz. Disolver las Cortes y devolver la palabra a los ciudadanos no representa un fracaso del sistema, sino su válvula de escape indispensable.
Las urnas del 29 de noviembre tendrán la responsabilidad de dirimir el rumbo socioeconómico de esa nación y restaurar la normalidad institucional que el populismo y la polarización le han negado a los españoles.