La encrucijada fiscal que atraviesa el Estado no admite más dilaciones ni retórica de austeridad ilusoria. El diagnóstico que arroja la coyuntura presupuestal, según la mayoría de análisis que se han publicado esta última semana, es tan severo como contundente.
El país enfrenta un desfase estructural en sus finanzas públicas, en el que el servicio de la deuda y el gasto de funcionamiento amenazan con devorar la inversión productiva. Ante un presupuesto para 2027 abultado y fuertemente desfinanciado, en el que cerca del 44% dependerá del endeudamiento, y los ingresos tributarios se ubican en su nivel más bajo frente al PIB en años, la promesa de equilibrar las cargas mediante un recorte de $45 billones al gasto choca contra las inflexibilidades constitucionales y la realidad política del Congreso.
En este escenario de asfixia financiera, la decisión de acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una medida pragmática e inevitable. Tocar las puertas del organismo multilateral en Washington, tras la equivocada cancelación de la Línea de Crédito Flexible en 2025, permite al Estado sustituir deuda privada costosa por financiamiento con tasas sensiblemente menores y emitir una señal de confianza a los mercados internacionales. Sin embargo, acceder a un esquema de facilidad extendida o crédito de precaución de los que concede el FMI implica someter la política macroeconómica a una supervisión rigurosa de este organismo, y asumir un programa de ajuste con metas cuantitativas e irrenunciables.
Creer que un préstamo del FMI resolverá el hueco fiscal es ignorar la raíz del problema. La sustitución de deuda únicamente otorga tiempo, pero no elimina el déficit estructural. Si Colombia pretende recuperar la credibilidad y evitar una degradación mayor del riesgo país que termine disparando la inflación y el tipo de cambio, el ajuste exigirá decisiones de fondo, tales como la racionalización real del aparato estatal que elimine duplicidades y gastos ineficientes, o la búsqueda de fuentes permanentes de ingreso, o la revisión de exenciones tributarias, entre otras.
El dilema de fondo trasciende a la administración de turno y suscita una pregunta fundamental: ¿cuánto Estado podemos y estamos dispuestos a financiar? Salir de la trampa del bajo crecimiento no se logrará ahogando la inversión ni multiplicando el endeudamiento futuro. Requiere un gran pacto de recuperación económica enfocado en elevar la productividad, brindar certidumbre regulatoria a la inversión privada y garantizar que el presupuesto nacional destine recursos reales a la infraestructura, la educación y la competitividad territorial.
El salvavidas del FMI está lanzado; de la responsabilidad del Estado para cumplir las condicionalidades y recortar donde corresponde depende que el país navegue o se ahogue en la iliquidez.