La decisión del gobierno estadounidense de mantener a Colombia por segundo año consecutivo en la lista de países descertificados, por el incumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico en 2025, no es una conducta inesperada conociendo la tirantez entre Trump y Petro.
Tampoco sorprendió el anuncio del presidente Donald Trump, de introducir un matiz decisivo, al ratificar la ayuda financiera bajo el amparo del interés nacional y un explícito voto de confianza en el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella, para revertir el récord histórico que hoy alcanza las 261 mil hectáreas de coca y una capacidad de producción potencial de 3.000 toneladas de cocaína.
Ya la administración nacional ha respondido ante la urgencia de mostrar resultados tangibles para recuperar plenamente el aval de Washington y proteger recursos de cooperación indispensables para inteligencia y tecnología militar en la nueva etapa de la estrategia del Ministerio de Defensa, siendo una de las posiciones poner de nuevo sobre la mesa la aspersión aérea, mediante la derogación de la restricción del glifosato y la puesta en marcha de un plan piloto con glufosinato de amonio sobre mil hectáreas, para evaluar sus riesgos y efectividad técnica.
Sin embargo, el país debe abordar esta discusión con pragmatismo y rigor institucional. Como lo señala el reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reactivar la fumigación aérea en el escenario actual es mucho más complejo que hace una década. Más allá de la discusión sobre la sustancia utilizada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-236 de 2017) exige el cumplimiento estricto del principio de precaución, la participación comunitaria previa y una rigurosa evaluación de impacto ambiental.
A ello se suma un desafío geográfico decisivo, en tanto que el 53% de los cultivos ilícitos se concentra hoy en Áreas de Manejo Especial (resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes y Parques Nacionales Naturales), donde la aspersión aérea enfrenta enormes barreras legales, un alto riesgo de litigiosidad y el peligro de dispersar los cultivos hacia nuevas fronteras ecológicas sin lograr una reducción sostenible.
La experiencia histórica demuestra que la aspersión aérea, por sí sola, genera contenciones temporales, pero no erradica el problema de raíz. La confianza otorgada por el Gobierno estadounidense no debe traducirse entonces en un retorno acrítico a recetas del pasado, sino en la consolidación de una estrategia integral.
Restablecer la certificación y golpear de manera definitiva las redes del narcotráfico exigirá combinar la persecución de las finanzas criminales y la interdicción marítima, con presencia institucional permanente y desarrollo social en los territorios más apartados de Colombia.