En Cartagena hay una discusión que aparece cada vez que alguien propone ordenar el uso económico de las playas: “¡No a la privatización!”. Y tienen razón quienes defienden que las playas son bienes públicos y que el acceso al mar no puede depender de la capacidad de pago en una ciudad que ofrece pocos espacios de esparcimiento a sus ciudadanos más vulnerables.
Pero hay una paradoja que deberíamos discutir: ¿qué pasa cuando una playa pública ya está privatizada en la práctica? Eso es lo que ocurre en Playa Blanca. Basta recorrerla para comprobar que encontrar un metro cuadrado de arena libre, donde una familia pueda simplemente poner una toalla y disfrutar del mar sin consumir o tener que pagar por una silla y una sombrilla, resulta cada vez más difícil. Carperos, lancheros, restaurantes y vendedores ocupan grandes extensiones de playa para desarrollar actividades económicas.
La playa sigue siendo pública en el papel, pero en la práctica, gran parte de ella funciona como un espacio de uso privado. Y aquí aparece una segunda paradoja. Se rechaza cualquier mecanismo formal de aprovechamiento económico porque se podría interpretar como una privatización, pero toleramos que particulares exploten económicamente un bien público sin que exista una contraprestación proporcional por el uso de ese espacio.
Además, muchas de estas actividades económicas se desarrollan en condiciones de informalidad. Eso significa que, a diferencia de un negocio formal que paga impuestos, cumple obligaciones y puede estar sujeto a contratos, tasas o permisos, existe un aprovechamiento económico del espacio público que no necesariamente genera una compensación equivalente para la ciudad. Y mientras más personas y negocios utilizan intensivamente la playa, mayor es también la presión sobre un ecosistema frágil: residuos, deterioro de la arena, infraestructura sanitaria y congestión, entre otros problemas.
Esto no significa que haya que demonizar al vendedor informal, porque detrás de cada puesto hay una persona que necesita trabajar. El problema no es que exista actividad económica, sino el aceptar que sea el mercado el que termine repartiendo un espacio que pertenece a todos.
Una playa pública debe permitir el aprovechamiento económico, pero también debe garantizar áreas libres, circulación, acceso y disfrute para quienes no quieren o no pueden consumir. Por eso la discusión no debería reducirse a ‘concesión sí’ o ‘concesión no’. La pregunta más importante es otra: ¿cómo hacemos para que Playa Blanca sea realmente pública? Porque una playa no deja de ser pública solamente cuando aparece un contrato de concesión. También puede dejar de serlo cuando, sin ningún contrato, quienes tienen capacidad para ocuparla terminan controlando su uso y cobrando por disfrutarla.
La paradoja de Playa Blanca es que, en nombre de evitar la privatización, hemos terminado aceptando que un bien de todos sea explotado por unos pocos, con costos que recaen sobre todos y sin una compensación equivalente para la ciudad. Defender el trabajo informal es legítimo, pero defender el espacio público también. El reto de Cartagena es lograr ambas cosas al mismo tiempo.