La conmemoración del Día de la Región Caribe no solo trajo consigo el recuerdo histórico de aquel 10 de octubre de 1821, cuando Cartagena despidió al último contingente de tropas españolas para consolidar la independencia nacional. Representó, sobre todo, el relanzamiento de la gesta más ambiciosa de la descentralización contemporánea en Colombia: la constitución del Comité Promotor del Referendo por las Regiones y la transformación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) en la primera Región Entidad Territorial (RET) del país.
Este avance institucional, apalancado en el tránsito del Proyecto de Ley 162 que cursa en el Congreso de la República, liderado por la bancada de parlamentarios y los gobernadores de la Costa, busca superar la vetusta trampa del centralismo andino.
Durante decenios, la dependencia de las decisiones burocráticas tomadas a más de 2.600 metros de altura ha condicionado el desarrollo del Caribe, postergando la ejecución de megaproyectos de infraestructura, la mitigación del riesgo en los ecosistemas hídricos y la asignación equitativa de recursos presupuestales. Dar el salto hacia una RET significa dotar al territorio de autonomía política, capacidad de gestión fiscal y herramientas de gobierno supradepartamental para responder con celeridad a las demandas de nuestra población.
Tomar como referencia esquemas de autonomía avanzada, como el modelo autonómico del País Vasco, exige comprender que la descentralización no consiste en desintegrar la nación, sino en fortalecerla desde sus regiones. Por supuesto, el debate parlamentario debe resolver con rigor aspectos fundamentales como el marco de financiación, la eficiencia del gasto público para no multiplicar la burocracia y los mecanismos de control político y ambiental que garanticen la transparencia de la nueva entidad. Sin embargo, estos ajustes técnicos no pueden convertirse en excusas para dilatar una promesa que el constituyente de 1991 dejó consignada y que la Región Caribe ha madurado con más de un lustro de funcionamiento de la RAP.
La meta de convocar a más de 4,5 millones de ciudadanos a las urnas en octubre de 2027 para refrendar el Voto Caribe 2.0 es un reto que trasciende la política institucional. Requiere la movilización consciente de la academia, los gremios, la juventud y las comunidades de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre y La Guajira.
El Universal se une y apoya decididamente esta iniciativa autonómica. Creemos en la necesidad de consolidar la voz de la Costa frente al poder central, dinamizar nuestro potencial productivo y social, y fortalecer la identidad costeña. Unir a la región bajo un mismo propósito de país es el camino indispensable para articular un Caribe próspero, justo e independiente, llamado a liderar con determinación la nueva etapa de la historia de Colombia.