La reciente medición de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, que reporta una reducción de 67.863 menores trabajadores en Colombia entre 2022 y 2025, ofrece un respiro estadístico necesario para el país.
La baja en la tasa nacional al 2,8% demuestra que la combinación de mayor cobertura escolar, transferencias sociales y supervisión institucional produce impactos positivos. Sin embargo, la lectura de estas cifras no debe conducir al triunfalismo ni a la relajación de las políticas públicas, especialmente en enclave urbano y turístico como Cartagena.
En La Heroica, el fenómeno del trabajo infantil trasciende la mera vulnerabilidad económica rural. Se entrelaza estrechamente con la economía informal del turismo, el comercio ambulante y la explotación en focos críticos como el Mercado de Bazurto, el Centro Histórico, las playas de Bocagrande o los corredores de transporte. En estos espacios, la presencia de niños vendiendo insumos o realizando labores de cuidado no sólo quebranta su derecho fundamental a la educación y al juego, sino que actúa como la puerta de entrada a riesgos como la explotación sexual comercial.
Se reconoce la labor preventiva que adelanta la Alcaldía a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. La vinculación de más de 6.000 niños y adolescentes a programas de protección, la ejecución de más de un centenar de jornadas de sensibilización con actores turísticos y comerciantes, y el funcionamiento de espacios de acogida preventiva como el Hogar de Paso Luz y Vida, constituyen pasos en la dirección correcta. La activación del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) aporta el marco de gobernanza necesario para coordinar ofertas entre el Distrito, el ICBF y la Fuerza Pública.
Pero la solución de fondo demanda garantizar la permanencia escolar mediante la jornada única, fortalecer los programas de alimentación (PAE) y, fundamentalmente, dinamizar la generación de ingresos formales para los hogares vulnerables. Mientras el ingreso familiar dependa del rebusque diario en la calle, la tentación o la necesidad de incorporar a los menores a la fuerza laboral del hogar continuará latente.
La protección de la niñez es la prueba de fuego de cualquier sociedad que aspira al desarrollo humano sostenible. Cartagena no puede tolerar que la infancia de sus sectores más vulnerables sea empeñada en las esquinas o en las playas de la ciudad. La denuncia oportuna a través de las líneas institucionales y el compromiso activo de la ciudadanía son deberes insustituibles, pero la responsabilidad primordial recae sobre el Estado.
Garantizar entornos verdaderamente seguros y libres de trabajo para los niños no es una concesión asistencial; es la inversión más urgente e inaplazable para asegurar el futuro de la región.