Cartagena padece una epidemia que grita a toda voz, agrietando la convivencia. El ruido en la ciudad, que creció como un derecho al libre desarrollo de los gustos, se ha convertido en un fenómeno de violencia sistémica que degrada la calidad de vida, el patrimonio histórico y exacerba los conflictos ciudadanos.
Desde las piedras centenarias del Centro hasta los rincones más vulnerables de la periferia, el exceso de decibelios se impone como un ejercicio de tiranía donde el volumen mide el nivel de arbitrariedad.
La contaminación auditiva descontrolada en el corazón del casco histórico alcanza proporciones alarmantes, en donde las reliquias arquitectónicas del siglo XVII sufren el azote continuo de megaparlantes en eventos sobre las murallas. La frecuencia baja e ininterrumpida de altavoces no solo perturba el descanso; también actúa como un martillo invisible que agrieta muros, afloja molduras de yeso y desprende la mampostería de edificios con siglos de historia que hoy sufren por la falta de regulación acústica.
En Bocala, la estridencia de las chivas turísticas, la vibración de las embarcaciones en la Bahía y el retumbo constante de actividades deportivas en las playas alteran la calidad del reposo y el sueño de cientos de familias cartageneras.
Pretender que el turismo o el ocio vespertino o nocturno exigen esta agresividad del sonido es una anomalía social que deviene de la incultura. La fiesta, el deporte o la alegría no requieren decibelios destructivos para ser prósperos.
Sin embargo, el drama adquiere su faceta más dolorosa en sectores como El Pozón, Olaya Herrera o Nelson Mandela. Allí, durante los fines de semana, la proliferación de altavoces de alta potencia instalados en la vía pública impone un ambiente acústicamente hostil. El derecho a la conversación serena, al estudio, al descanso o a la tranquilidad espiritual dentro del propio hogar queda anulado por una competencia insensata de volúmenes entre vecinos. Esta saturación sonora constante altera el sistema nervioso, genera perturbaciones emocionales en los niños, exacerba la agresividad en los adultos y actúa como catalizador directo de riñas y episodios de violencia intrafamiliar. En una ciudad que registra alarmantes índices de intolerancia y homicidios, la saturación auditiva no es un tema menor; es un factor de riesgo para la salud pública y la seguridad ciudadana.
Se requiere con urgencia intervención integral que combine la fiscalización rigurosa de los límites de emisión con campañas profundas de cultura ciudadana; al tiempo que la autoridad ambiental y la Policía pueden activar operativos permanentes, mediciones de sonometría y sanciones efectivas. Recuperar el respeto por el espacio acústico del otro es indispensable para construir tejido social y proteger la integridad física y cultural de la ciudad.