Por medio de la Resolución 032 del 15 de enero, el contralor Distrital de Cartagena, Feddys Quintero, ordenó el levantamiento de la medida de suspensión que desde el año pasado solicitó contra la entonces secretaria General del Distrito, Diana Martínez, quien renunció a ese cargo posteriormente y hoy es asesora del alcalde William Dau.
En octubre del año pasado, Quintero solicitó al mandatario la suspensión de Martínez alegando que esta podría interferir en el proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento por el contrato de la ex primera dama Cynthia Pérez Amador. La Contraloría argumentó que Martínez hizo los estudios de dicho contrato y que ello pudo afectar el proceso.
A finales de octubre del 2020, tras varios inconvenientes con el contrato de Cytnhia, el alcalde ordenó darlo por terminado y la apartó de la administración, reconociendo que eso le había afectado mucho por ser una de las personas de su confianza.
A medidos de diciembre, en un “esfuerzo conjunto”, entre allegados de Cynthia y miembros de la empresa privada, fue cancelado el presunto detrimento por el contrato de esta: $43 millones 200 mil.
Expertos y desde la misma Alcaldía señalaron que ello daba pie para que la Contraloría terminara el proceso contra Cynthia, Diana y demás personas implicadas en el caso (Mónica Fadul, exgerente de ciudad de Dau; y Martha Carvajal, exdirectora de Talento Humano de la Alcaldía).
Ante el pago, la Contraloría Distrital tomó la decisión de solicitar al alcalde que levante la suspensión contra Martínez.
“Que de conformidad a lo informado por el instructor del proceso de responsabilidad fiscal con radicado N° 005-2020, al respecto del memorial recibido donde se anexa volante de consignación que refleja el pago del daño patrimonial determinado por la Contraloría Distrital de Cartagena, por valor de $43.200.000, se observa que no hay lugar para presumir que existen motivos para que con ocasión al principio de verdad sabida y buena fe guardada se mantenga la suspensión de la señora Diana Martínez Berrocal, toda vez que el pago del daño fiscal conduce a observar una conducta de resarcimiento”, indica la Contraloría en su resolución.
Así mismo, agrega: “Que al no existir razones poderosas para temer que la permanencia en el desempeño de sus empleos pueda afectar la investigación o comprometer todavía más el patrimonio público, no existen elementos en este momento que permitan mantener la suspensión de la señora Diana Martínez.
“En este sentido, y pese a que se debe surtir un trámite de cesar la acción fiscal dentro del proceso con radicado No. 005-2020, y que se solicitó por parte del funcionario que dirige el proceso certificación al banco GNB Sudameris para verificar la transacción aportada, sin respuesta a la fecha, no se justifica mantener la suspensión, pues no hay ya elementos de fondo para temer que la permanencia en el desempeño de sus funciones pueda afectar la investigación o comprometer todavía más el patrimonio público, al igual que como se ha manifestado en la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, el derecho sustancial prevalece sobre lo procesal”.
En la resolución no se hizo referencia a los demás implicados en el proceso.