La administración del alcalde Dumek Turbay tumbó un nuevo intento de anular el decreto mediante el cual se nombró a un contralor provisional de Cartagena. Luego de que a principios del presente mes el Distrito nombrara a Alcibaldo Cruz León como encargado del puesto, siguen las demandas para tratar de eliminar la designación.
Cabe recordar que la elección del contralor para el periodo 2026–2029 fue suspendida el pasado 19 de diciembre del 2025, luego de que el Concejo detuviera el proceso mientras se resuelven acciones judiciales relacionadas con el presunto incumplimiento de requisitos por parte de una de las aspirantes, integrante de la terna.
Esto impidió que se nombrara un nuevo titular antes de que concluyera el periodo institucional de Ángela Cubides González como contralora oficial, el 31 de diciembre pasado. Lea también: Alcaldía de Cartagena designa nuevo contralor provisional
Nuevo caso en contra del nombramiento provisional del contralor de Cartagena
Luego de que esta semana se conociera un fallo a favor del Distrito, que dejó en firme la designación de Alcibaldo Cruz como contralor provisional, ayer el Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena de Conocimiento ratificó el nombramiento de este en medio de otro proceso.
Esta nueva decisión desestimó una demanda presentada por la exfuncionaria de la Contraloría Martha Liliana Ochoa García, quien reclamaba el puesto de quien vigila el dinero de los cartageneros.
Ochoa García trabajó en la Contraloría desde diciembre del 2023 y el 30 de diciembre del 2025 la nombraron secretaria general. Bajo esa condición, la encargaron como contralora distrital el pasado 31 de diciembre.
Ochoa García pedía anular el nombramiento de Alcibaldo Cruz como contralor provisional. El documento que presentó señala que hubo una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos.
“La designación irregular del contralor y la posterior declaratoria de insubsistencia se adoptaron en contravía de la normatividad aplicable, afectando injustificadamente su estabilidad laboral y su derecho a participar legítimamente en el ejercicio del cargo que podía asumir en virtud de la jerarquía institucional“, señala el fallo.
Ochoa afirmaba que, al existir una vacante definitiva, era ella quien debía asumir las riendas del ente de control fiscal.
El nombramiento como contralora de Cartagena encargada
La decisión oficial que nombró a Ochoa García como Contralora Distrital encargada fue la Resolución No. 471 del 30 de diciembre de 2025. Esta situación ocurrió porque el Concejo Distrital otorgó un permiso con pago a la entonces contralora titular, Ángela María Cubides, solo para el 31 de diciembre de 2025.
En este sentido, la vacante de contralor que Ochoa García reclamaba era únicamente temporal y no definitiva, lo cual es un requisito crucial para nombramientos permanentes, según lo estipula la ley, alegó el Distrito en medio del proceso.
Tras el nombramiento provisional de Cruz León, Ochoa García fue desvinculada del cargo de secretaria general de la Contraloría Distrital, mediante la declaración de insubsistencia a través de la Resolución 002 del 1 de enero del 2026. Así, la demandante solicitó en su tutela rehacer todo proceso para darle provisión al cargo de contralor distrital.
No obstante, la presunta falla no habría sido solo de la demandante, según indican las tutelas. Este medio conoció que el Distrito, en su informe de contestación, observó una presunta desviación de poder por parte de Cubides, la contralora saliente.
“Sin motivo alguno y faltando escasos días para la terminación de su periodo, el contralor saliente procedió a nombrar en propiedad a la hoy tutelante y remitió solicitud al alcalde para que procediera a designar específicamente como contralora provisional a la hoy demandante, incluso citando normatividad derogada y sin vigencia, en la que insistía que el Manual de Funciones de la entidad indicaba que en las faltas absolutas se debía designar al secretario general”, se lee en el texto.
El Distrito resaltó que “las acciones de Cubides sugieren acciones tendientes a predeterminar la sucesión en el cargo de contralor distrital, favoreciendo la designación de quien se desempeñaba como secretaria general”.
Los argumentos del Distrito por la nueva demanda contra el nombramiento provisional del contralor
La Alcaldía de Cartagena defendió el nombramiento de Alcibaldo Cruz, indicando que no existían irregularidades en la decisión oficial que terminó el contrato de Ochoa García.
Además, precisó que los mismos documentos aportados por la accionante en la tutela señalan que su encargo como contralora distrital (e) el 31 de diciembre del 2025 tuvo un carácter estrictamente temporal, motivado por el permiso remunerado concedido a la titular del cargo para esa fecha específica.
“Ochoa suplió una falta temporal del contralor distrital, quien ostentaba el cargo en forma permanente, sin que ello implicara designación, continuidad o titularidad alguna sobre el mismo. Cosa distinta es la situación jurídica existente a partir del 1 de enero del 2026, momento en el cual se configuró una falta absoluta, cuya provisión responde a los supuestos de que trata la Ley 136 de 1994. Dicho de otra manera: una cosa es cubrir un día, y otra muy distinta es llenar el cargo”, se lee en el informe de tutela.
El informe de tutela destacó la diferencia clave entre cubrir un cargo de forma transitoria y llenar una vacante definitiva.
Señaló que Ochoa García “suplió una falta temporal del Contralor Distrital, quien ostentaba el cargo de forma permanente, sin que ello implicara designación, continuidad o titularidad alguna sobre el mismo”.
La decisión del juez ante la nueva demanda contra la designación provisional de contralor de Cartagena
El juzgado analizó el caso y concluyó que no había evidencia de un daño sin solución que justificara la protección legal inmediata. Le puede interesar: Contralor provisional de Cartagena: Juez rechaza demanda contra Alcaldía
“Al analizar la postura de la demandante en la tutela, se advierte de la misma que no se persigue la búsqueda de una garantía de rango constitucional, por cuanto el quid del asunto se sustrae una discusión de tipo constitucional a legal, que también escapa de la competencia del juez constitucional”, afirma el fallo.
El despacho indicó que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo como mecanismo transitorio. Ante eso, señaló que se deben verificar: la inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño “está por suceder en un tiempo cercano”; la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos fundamentales; la gravedad del perjuicio y el carácter impostergable de las órdenes por proferir.
“Elementos respecto de los cuales no se trajo evidencia ni argumento alguno, como se señaló en párrafos en precedencia, por lo que se declarará improcedente la presente acción constitucional”, concluyó el despacho judicial.