Las personerías municipales y distritales podrían contar con mayores herramientas administrativas y financieras para atender a la ciudadanía, proteger los derechos humanos y vigilar la conducta de los servidores públicos.
Esa es la apuesta de un proyecto de ley radicado ayer martes 27 de octubre ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, del cual es coautora la representante a la Cámara por Córdoba, Martha Ruiz Solera (Colombia Renaciente).
La iniciativa busca fortalecer el funcionamiento de estas entidades del Ministerio Público, consideradas en numerosos municipios como la primera instancia a la que acuden los ciudadanos cuando necesitan orientación jurídica, acompañamiento institucional o protección frente a posibles vulneraciones de sus derechos.
El proyecto fue presentado con la participación de la congresista cordobesa y de otros representantes de distintas colectividades políticas. Al acto de radicación también asistieron integrantes de la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper) y un procurador delegado. Además suscribieron la propuesta los representantes José Jaime Uscátegui (Centro Democrático); Germán Rozo (Partido Liberal) por Arauca; y Manuel Correa (ASI) por Caldas.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley 136 de 1994, relacionada con la organización y el funcionamiento de los municipios; a la Ley 1952 de 2019, correspondiente al Código General Disciplinario, y a la Ley 2422 de 2024. Lea también: Las principales quejas ciudadanas que recibe la Personería en Cartagena
¿Qué cambiaría con el proyecto para las personerías de Colombia?
Uno de los principales propósitos de la propuesta es mejorar la capacidad financiera de las personerías municipales y distritales, mediante la ampliación de los recursos disponibles para su funcionamiento y la posibilidad de habilitar nuevas fuentes de financiación.
Según los autores, estas medidas permitirían que las entidades dispongan de mejores condiciones operativas para cumplir sus responsabilidades, especialmente en los territorios donde los recursos disponibles son limitados frente a las necesidades de la población.
El proyecto también busca dignificar la labor de los personeros, mediante condiciones salariales acordes con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con las responsabilidades que ejercen como agentes del Ministerio Público en el ámbito local.
A esto se suma el fortalecimiento de las capacidades institucionales y administrativas, con el propósito de que las personerías puedan desarrollar sus funciones con mayor oportunidad y eficacia.
¿Qué beneficios tendrían los ciudadanos ante el proyecto de fortalecer las personerías?
Uno de los aspectos centrales del proyecto es su posible efecto en la atención que reciben los habitantes de los municipios, particularmente las personas que necesitan asesoría jurídica gratuita o acompañamiento ante las autoridades.
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, unas personerías con mayores capacidades podrían ofrecer orientación para la presentación de derechos de petición, acciones de tutela y quejas, además de acompañar a los ciudadanos en situaciones en las que consideren vulnerados sus derechos.
La propuesta también apunta a reforzar la protección de los derechos humanos en los territorios, con especial atención a las víctimas del conflicto armado, la población desplazada, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad.
Otro de los objetivos es fortalecer el control sobre la conducta de los servidores públicos y la defensa del patrimonio público y del interés colectivo. Estas funciones resultan relevantes para la vigilancia de la gestión pública en los municipios y para el seguimiento de posibles irregularidades que afecten a las comunidades.
La iniciativa pone especial atención en las personerías de municipios de categorías menores, que, según sus autores, operan con recursos limitados. La intención es mejorar su capacidad de respuesta y reducir las barreras de acceso a la orientación institucional para quienes viven en zonas apartadas.
La iniciativa para fortalecer las personerías, ¿afectaría las finanzas de los municipios?
Uno de los puntos expuestos por los autores es que las medidas contempladas en el proyecto tendrían carácter facultativo para las entidades territoriales. Bajo ese argumento, sostienen que la propuesta no generaría impacto fiscal en los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y que tampoco afectaría la autonomía territorial reconocida por la Constitución.
La representante Ruiz Solera sostuvo que la protección de los derechos humanos debe estar por encima de las diferencias partidistas y destacó la importancia de contar con personerías capaces de responder a las necesidades de las comunidades. Le puede interesar: ¿De qué trata el proyecto “región caribe” que se debate en el Congreso?
“La defensa de los derechos humanos en los territorios no tiene color político. Fortalecer las personerías significa que las comunidades, en especial las más vulnerables, cuenten con instituciones capaces de responder a tiempo para orientarlas, acompañarlas y proteger sus derechos”, concluyó la congresista.
