“Contralor Córdoba me tiene montada una persecución”. Con esa máxima expresada por William Dau en junio del año pasado, muchos en Cartagena conocieron a Carlos Felipe Córdoba, quien desde el 2018 es contralor general de la República.
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Desde ese momento, la relación entre el mandatario y la cabeza visible del ente de control nacional siempre ha sorteado tensiones relacionadas con investigaciones fiscales abiertas y cuestionamientos, lo que en varias ocasiones ha descrito Dau como tramas de una “persecución”.
En esa ocasión, el proceso de responsabilidad fiscal estaba relacionado con presuntos sobrecostos en un contrato de suministro de insumos sanitarios.
Recientemente, en la tropezada relación entre el alcalde Dau y el contralor distrital de Cartagena, Freddys Quintero, hubo una controversia nacional al ordenarse, por parte del ente de control local, el embargo de las cuentas personales de más de 40 personas, incluyendo al mandatario, funcionarios de su gobierno y exservidores de la administración, tras una investigación por presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría de Cartagena argumentó que el presunto detrimento lo habría causado el pago de gastos de representación a los procesados. Aunque al alcalde le corresponden estos gastos por ley, lo procesan por ser el ordenador de los pagos a sus funcionarios.
Por ende, tildaron a los embargos, desde las toldas de Dau Chamat, como un ataque político.
Ante los embargos, el abogado del alcalde, Iván Acuña, tomó varias acciones para ejercer la defensa ante la Contraloría, mientras se realiza la audiencia el mes entrante, solicitándole a la Auditoría General que analice las acciones de la Contraloría Distrital en este proceso y que sea garante, teniendo en cuenta sus funciones de vigilancia.
Además, el abogado Acuña, representando el propósito de Dau, presentó una petición al contralor General, Carlos Felipe Córdoba, referente al caso de los 43 embargos. Le pidió que en caso de admitir la solicitud, sea la Contraloría General quien suspenda las acciones de vigilancia y control fiscal adelantadas por la Contraloría Distrital, aduciendo “serias dudas sobre la imparcialidad del contralor distrital de Cartagena en ese asunto”.
Petición valida, según el abogado Neil Fortich, magister en Derecho Público, docente universitario y director de la Veeduría Control Visible, siempre y cuando haya razones objetivas para afirmar la falta de imparcialidad, el Alcalde Dau puede solicitar el control excepcional ante la Contraloría General.
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“El contralor general de la República está aliado con la corrupción en Cartagena y Bolívar”, fue lo expresado por el alcalde William Dau en sus redes sociales, hace tres días. Afirmando que Córdoba, presuntamente, tendría una patrón contractual compartido con el contralor distrital, Freddys Quintero: “La contratación de personas denunciadas por mi administración, nada menos que Pedrito Pereira, quien me antecedió como alcalde de Cartagena”, expuso Dau.
El mandatario también recalcó que sería inconveniente la estrecha amistad entre Córdoba con Dumek Turbay, otro de sus rivales políticos y en procesos judiciales, lo que supuestamente se vería reflejado en el nombramiento de Edgardo Román en la Contraloría Regional de Bolívar, quien fue jefe de la Oficina de Contratos del exgobernador Turbay.
William Dau, alcalde de Cartagena
Acusaciones que pueden resultar inconvenientes, ya que según el abogado Fortich, “todo ciudadano y con mayor razón la primera autoridad de los cartageneros, tiene la obligación de probar los señalamientos que realiza. En el caso concreto de las imputaciones del alcalde en contra del contralor Carlos Felipe Córdoba, debe respaldarlas con pruebas, sino lo hace, debe retratarse o rectificar dichas acusaciones”.
Para Neil Fortich, si la Contraloría General de la República acepta la solicitud de control excepcional, “el proceso ganaría eficiencia, eficacia, transparencia e imparcialidad, bajo los preceptos del alcalde Dau, quien ha perdido confianza en la Contraloría Distrital porque considera que sus actuaciones tienen un sesgo contra sus funcionarios.
“No creo ni deben los problemas personales entre el alcalde Dau y el contralor Córdoba afectar el normal desarrollo de la investigación del proceso fiscal por el ente de control. Una cosa no tiene ver con la otra. La institucionalidad está por encima de las personas y los funcionarios”.
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