En medio de varios cuestionamientos de Funcicar, que señaló que podría nacer “otro Edurbe” o una empresa “de todito”, la Asamblea de Bolívar aprobó el proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador Vicente Blel Scaff a crear una empresa industrial y comercial del Estado. Lea aquí: Funcicar pone lupa a proyecto por el que se creará “otro Edurbe”
La iniciativa se aprobó ayer en la mañana en la sesión de la corporación, que de esta manera cerró su periodo de sesiones extraordinarias. El primero de octubre empezará su tercer y último periodo de sesiones ordinarias del 2021.
El proyecto de ordenanza que faculta al gobernador para crear la mencionada empresa, por medio de la cual se administrarán bienes culturales, entre esos el Palacio de la Proclamación en Cartagena, y que apostará por la economía naranja, fue aprobado con doce votos a favor y dos ausentes. Así, solo queda que el gobernador sancione este proyecto para que sea una realidad. El mandatario tendrá un plazo de un año para conformar la empresa, según quedó estipulado en el proyecto. Desde la Asamblea señalaron que se estudió la legalidad del proyecto en el primer debate y que cumple con las normas.
“Hay que resaltar que dada la importancia y complejidad del asunto, se plantearon dudas y en las mesas de concertación se ajustó el texto normativo. Funcicar presentó observaciones y por ello se modificó el título y articulado del proyecto. Se corrigió el título del proyecto, se modificó el articulado original para concretar la naturaleza jurídica de la empresa y delimitar el objeto social. Se estipularon requisitos para el cargo de gerente o representante legal y se estableció que el manejo de recursos se hará a través de fiducia o encargo fiduciario. Otro punto fue la delimitación de los aportes sociales de la empresa, así como la participación mayoritaria del departamento. Se incluyeron nuevos artículos para revisoría fiscal y el respectivo control político a la misma. Guarda unidad de materia y cada modificación fue para darle coherencia y fortaleza jurídica”, indicaron desde la Asamblea en la sustentación del proyecto, aunque Funcicar señala que esta iniciativa no está justificada en el Plan de Desarrollo.
Así mismo, desde la duma agregaron: “Esta iniciativa del Ejecutivo ha sido minuciosamente estudiada y debatida, a la luz del marco constitucional y legal vigente, privilegiando los soportes argumentativos que validan su efectividad como mecanismo legítimo y funcional para administrar de manera eficiente y transparente el patrimonio del departamento, incluyendo la puesta en marcha de diferentes instituciones”.
En representación del gobernador, en la sesión estuvo el secretario de despacho Álvaro Redondo, quien señaló que el proyecto traerá beneficios.
“En las explicaciones que dimos a quienes las han solicitado, hemos dicho que se trata de un medio para desarrollar fomentar e incentivar la economía naranja, promoviendo la industria creativa, conjugando la creación, producción y comercialización de bienes y servicios intangibles de carácter cultural, desarrollando una nutrida agenda en el departamento que involucre las diferentes manifestaciones artísticas y culturales del territorio. Si desde otro enfoque la empresa privada promueve la diversificación de frentes de inversiones y de acciones, desde la perspectiva del interés colectivo a las empresas sociales del Estado no se les prohíbe el derecho de ampliar su radio de acción sin que por ello incurran en irregularidades o desborde los límites de la ley. Y esta es la visión, visión de eficiencia y transparencia de la nueva empresa social del Estado que esta corporación acaba de aprobar, que podrá atender asuntos complementarios de la figura de gestores urbanos, de conformidad con la Ley 388”.
El funcionario también se refirió a las observaciones hechas por Funcicar al proyecto. “Hemos atendido las observaciones y hemos definido tres enfoques de la nueva empresa social. El gobierno le apuesta al fortalecimiento estructural del Estado y a que sus entidades refuercen en nuestro territorio el manejo de recursos públicos privilegiando el interés colectivo. El gobierno garantiza plenamente que el manual de contratación interno de la nueva empresa del Estado, sus modelos de negocio y todos sus procesos estarán sujetos a los principios de ley, a la transparencia administrativa y al debido acompañamiento con la participación ciudadana, el control social y el control político por parte de la Asamblea”, concluyó Redondo.
Además de señalar que no se ha delimitado el objeto social de la empresa, Funcicar señala que hay condiciones que se deben revisar.
“El proyecto estima ingresos en condiciones favorables de mercado por $3.695 millones anuales y se proyectan gastos administrativos y de personal por valor de $3.486 millones. Estas proyecciones no contemplan dificultades que se pudieran presentar en el modelo y administración del negocio. Este escenario afectaría el presupuesto y precisaría financiación de la Gobernación, dado que no se presentan fuentes alternas de financiación. De manera inicial, la administración departamental aportará $410 millones correspondientes al 80% del capital social, no se establece la fuente de esos recursos”.
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