Política


Funcicar pone lupa a proyecto por el que se creará “otro Edurbe”

La organización veedora habla de posibles riesgos del proyecto para crear una empresa industrial en Bolívar. La Gobernación defiende la iniciativa.

WILSON MORALES GUTIÉRREZ

21 de septiembre de 2021 02:45 PM

Mañana acaban las sesiones extraordinarias de la Asamblea, que en este periodo estudia varios proyectos de ordenanza presentados por la Gobernación de Bolívar, uno de los cuales busca que se autorice al gobernador Vicente Blel Scaff para la creación de una empresa comercial e industrial del Estado.

En su momento, desde la Gobernación señalaron que mediante esta empresa se operará el Palacio de la Proclamación, que está en el Centro Histórico de Cartagena. Además, dejaron ver que permitiría algunas ventajas jurídicas para la entidad.

“Las empresas industriales del Estado potencializan sus ventajas jurídicas para madurar un modelo de gestión contractual que permita salir al mercado a contratar servicios especializados, hacer alianzas y dada su gestión permite subcontratar en el mercado privado la venta de servicios para promover museos, agenda cultural y desarrollar actividades como empresas de desarrollo urbano, con posibilidades de contratar y suscribir convenios para realizar múltiples actividades de apoyo a la gestión”, indicó en su momento Álvaro Redondo, secretario de la Gobernación, al sustentar el proyecto ante la Asamblea. Lea aquí: Buscan crear empresa para administrar el Palacio de La Proclamación

Ante esto, Funcicar señala que la nueva empresa busca crear desarrollo urbano y rural, y que por medio de esta se gestionarán y ejecutarán proyectos de infraestructura, culturales y artísticos y de prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos.

En un principio se pretendía que la empresa realizara gestión predial y de catastro multipropósito, pero tras un oficio de Funcicar sobre este tema, la Asamblea decidió hacer modificaciones y suprimió dichas actividades en el proyecto de ordenanza.

“El amplio objeto social de la nueva empresa, si bien responde al modelo de negocio que se plantea para la operación del Palacio de la Proclamación, representa un riesgo conociendo la experiencia de Edurbe, empresa que en los últimos años ha sido usada como intermediaria para subcontratar todo tipo de procesos, desde pavimentación de vías, atención a primera infancia y diseños de macroproyectos, entre otros. Al respecto, Funcicar advierte que el no delimitar las actividades del objeto social, genera riesgos de crear a una ‘de todito’ que podría ser usada para contratar todo tipo de procesos, diferentes a los relacionados con el Palacio de la Proclamación, proyectos culturales y artísticos. Esta ordenanza finalmente le apunta a constituir una empresa de desarrollo urbano y rural que sea competitiva a nivel nacional como IDU, EDU y Edubar”, indicó Funcicar.

Así mismo, señaló que al revisar el Plan de Desarrollo de Bolívar no se encuentra justificada la creación de esta nueva empresa. Por ello le pidió a los miembros de la Asamblea que revisen la legalidad del proyecto, que el lunes fue aprobado en segundo debate luego de algunas modificaciones y al que le falta solo un debate en el que se decidirá si se aprueba o no. Ese debate se hará este miércoles 22 de septiembre y, teniendo en cuenta el apoyo que ha recibido el proyecto, se espera que sea aprobado por los miembros de la duma.

El Consejo Gremial de Bolívar le dio un espaldarazo a los planteamientos de Funcicar. Pide que en el proyecto se garantice una empresa con un modelo de sostenibilidad financiera futura.

Además, Funcicar les pide a los diputados que exijan a la Gobernación una mayor argumentación financiera para conocer los costos reales de la empresa, pues considera que esto podría afectar otros programas. Señala que preocupan algunas proyecciones financieras.

“El proyecto estima ingresos --señala- en condiciones favorables de mercado por $3.695 millones anuales y se proyectan gastos administrativos y de personal por valor de $3.486 millones. Estas proyecciones no contemplan dificultades que se pudieran presentar en el modelo y administración del negocio. Este escenario afectaría el presupuesto y precisaría financiación de la Gobernación, dado que no se presentan fuentes alternas de financiación. De manera inicial, la administración departamental aportará $410 millones correspondientes al 80% del capital social, no se establece la fuente de esos recursos”.

La directora Ejecutiva de Funcicar, Carolina Calderón Guillot, dijo que se requiere también mayor claridad sobre la sostenibilidad y manutención de esta nueva empresa para que posteriormente no se necesiten recursos adicionales como ha pasado con Edurbe y Transcaribe en Cartagena.

“La nueva empresa entraría al mismo ámbito operacional de Edurbe, empresa comercial e industrial del Estado en la cual la Gobernación tiene una participación accionaria del 12%. La Asamblea Departamental señala que esta nueva entidad tiene una naturaleza distinta y la Gobernación tendría una mayor participación accionaria, por encima del 80%. Desde 2020, Edurbe se encuentra en crisis por no ser autosostenible, en solo 21 meses ha tenido 4 directores y no se evidencia una voluntad política de la administración distrital para su recuperación”, acotaron.

De igual forma, Funcicar informó que, en caso de que el proyecto sea aprobado por la Asamblea, solicitará a la Gobernación de Bolívar garantizar que la formulación del manual de contratación, manuales internos, modelos de negocios y valor agregado de los procesos, cuenten con participación ciudadana.

Tras los cuestionamientos al proyecto, el Consejo Gremial de Bolívar le dio un espaldarazo a los planteamientos de Funcicar.

“Compartimos las recomendaciones que Funcicar le ha expresado a la Asamblea sobre el proyecto de ordenanza que facultará a la Gobernación de Bolívar para la creación de una nueva empresa industrial y comercial del Estado. Hacemos un llamado a los diputados para que en dicha ordenanza se delimite el objeto social de la nueva empresa, se garantice su modelo de sostenibilidad financiera futura y se fijen lineamientos de un modelo de contratación que favorezca en todos los casos la transparencia y pluralidad de oferentes”, indicó el Consejo Gremial.

Responde la Gobernación

Por su parte, la Gobernación de Bolívar respondió que tras las observaciones de Funcicar se le hicieron ajustes al proyecto y que por ello quedaron definidos claramente tres enfoques fundamentales para la empresa que se quiere crear.

Por un lado, que sea un “gestor inmobiliario, que abarque el manejo e intervención y mantenimiento de bienes inmuebles del departamento, como por ejemplo el Palacio de la Proclamación, con el objetivo de su puesta en funcionamiento, administración, mantenimiento, preservación y utilización eficiente de los bienes inmuebles”.

Así mismo, señalan que se enfocarán en apoyar la gestión de la economía naranja para “apalancar recursos para el desarrollo de estos proyectos, apoyo a la actividad turística municipal y la interacción cultural”.

“Gestor urbano, para efectos de apoyar los procesos de planificación municipal con enfoque más integral en el territorio, para fortalecer la gestión de los municipios de sexta categoría en el departamento. Esto permite, además, hacer planificaciones e intervenciones en el territorio de manera conjunta entre los municipios y con otros departamentos de manera más eficiente financiera y técnicamente”, indicaron respecto al tercer enfoque del proyecto.

Experiencia con Edurbe

Por último, Funcicar se refirió a la experiencia con Edurbe, que hoy enfrenta una crisis, teniendo en cuenta que recientemente el alcalde William Dau ha señalado su intención de liquidarla.

Funcicar dice que la Alcaldía le entregó a Edurbe más de $139 mil millones entre el 2017, 2018 y 2019. Asegura que los recursos fueron entregados “a dedo”, suscritos a través de 33 convenios.

“En 2017 hubo 18 convenios, por $64 mil millones; en 2018 hubo 12 convenios, por $69 mil millones; y en 2019, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, hubo 4 procesos por $4 mil millones. Los procesos contratados con Edurbe generaron costos de intermediación que pudieron haber sido ahorrados por el Distrito si la contratación la hubiese asumido la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía. Así mismo, Edurbe actuó como empresa ‘de todito’, fue contratada por la Alcaldía en 2018 para prestar servicios de primera infancia por valor de $1.800 millones. Además, los procesos subcontratados con Edurbe no contaron con publicidad, solo se publicaron en su página web. En 2017, solo dos funcionarios del Distrito tuvieron a su cargo la supervisión de 12 convenios, los cuales tuvieron 70 frentes de obras”.

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